EL fiscal Fungairiño anuncia que "se opondría" a medidas contra militares chilenos

Eduardo Fungairiño, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, ha negado competencia a la justicia española en la causa contra el general chileno Augusto Pinochet y sus colaboradores que instruye el juez de la Audiencia Manuel García-Castellón, y ha vaticinado que la Fiscalía que dirige impugnaría cualquier orden de prisión contra militares chilenos que pudiera dictar el juez.

El fiscal Fungairiño, cuyo nombramiento en junio pasado provocó el rechazo unánime de toda la carrera fiscal, ha concedido una amplia entrevista al diario chileno El Mercurio, estrechamente vinculado a los militares, en la que da su particular visión de los hechos. "En la medida que las transgresiones cometidas por las dictaduras militares no pueden calificarse de delitos de genocidio porque no se orientan respecto de una raza, etnia o grupo social determinado, ni como delitos de terrorismo ya que no tratan de subvertir el orden constitucional o institucional implantado en aquellos países, no merecen tal clasificación y por tanto no pueden ser juzgados por las autoridades españolas", afirma el fiscal.Fungairiño va más allá y advierte que "si se dan en este procedimiento los mismos supuestos que en la causa que sigue el juez Baltasar Garzón -donde inicialmente no hay ningún español responsable en los hechos ocurridos durante la represión argentina-, lógicamente la Fiscalía adoptaría la misma resolución y se opondría a que este juzgado [Central de Instrucción número 6, cuyo titular es García Castellón] dictara órdenes de prisión contra militares, policías u otros chilenos que hubiesen cometido presunta o realmente estos delitos". Paradójicamente, estas controvertidas declaraciones del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, extremadamente parco con los medios de comunicación españoles respecto del sumario chileno, han sido efectuadas al diario chileno que mayor apoyo prestó a la dictadura del general Pinochet.

Fuentes jurídicas consultadas por este diario no ocultaban ayer su estupor por la actitud de Fungairiño. Carlos Castresana, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la organización que presentó la querella que originó la causa que instruye el juez García-Castellón, calificó de "escandalosa" la tesis de Fungairiño y recordó que la citada querella se basa en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que dice textualmente: "Igualmente será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes delitos: genocidio, terrorismo...". La querella fue admitida a trámite por el juez el año pasado tras la luz verde del fiscal general del Estado, Carlos Granados.

Castresana subrayó que Fungairiño basa su razonamiento jurídico en otro artículo de la LOPJ, concretamente el 23.1, que señala que la jurisdicción española es competente en aquellos delitos "aunque hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieren adquirido nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho". No hay ningún español incriminado como responsable de la represión ejercida durante la dictadura chilena.

Fuentes de la acusación establecen un paralelismo entre la actitud de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la reciente comparecencia del fiscal general del Ejército chileno, Fernando Torres Silva, ante el juez García-Castellón, a quien entregó "certificaciones de documentos que componen un legajo muy voluminoso", según palabras del propio Fungairiño.

El general Torres Silva, uno de los más estrechos colaboradores de Pinochet, pasó más de una semana en España a principios de octubre. A su regreso a Santiago, negó de entrada su comparecencia ante García-Castellón, y tras corregirse a sí mismo después de que EL PAÍS informase sobre esa comparecencia, acabó reconociendo el martes pasado a El Mercurio que visitó al juez para "mostrar la verdad jurídica en documentos públicos indubitados" y calificó de "política" la querella presentada en España. Entre la documentación entregada al juez hay un dictamen jurídico que pide el archivo de la causa en base a la supuesta falta de competencia de la jurisdicción española.