Sólo el PP defiende la excedencia retroactiva de los jueces que regresen de la política

El PP se quedó ayer solo en la defensa de una enmienda que concede carácter de retroactividad a la excedencia forzosa de tres años para los jueces que se dediquen a la política o se presenten en una lista electoral. La enmienda, votada en el Senado, donde el PP dispone de mayoría absoluta, salió adelante sólo con sus votos, 108, frente a los 87 del PSOE, CiU, PNV e IU. Previsiblemente, a su regreso al Congreso, donde los populares carecen de mayoría absoluta, caerá la enmienda, y con ella la retroactividad de la excedencia forzosa. La retroactividad que defiende el PP afectaría a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, que anunció su intención de acogerse a ella cuando cese en su cargo.

El pleno del Senado aprobó ayer la remisión al Congreso, para su aprobación definitiva, de la ley que regulará las condiciones del regreso a la carrera judicial de los jueces que desempeñan cargos políticos. a ley precisa que los jueces que se dediquen a la política o, incluso, se limiten a presentarse en unas listas electorales, dispondrán de una excedencia forzosa de tres años, con todos sus derechos económicos y que e contabilizarán como años en ejercicio, cuando decidan regresar a la carrera judicial. Este aspecto fundamental del proyecto de ley cuenta con la oposición del PSOE.También salió aprobada, con la mayoría del PP, una enmienda de este partido que da a la norma carácter de retroactividad, esto es, que puede aplicarse a los jueces que en este momento ejercen la actividad política, como es el caso de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante.

Esta enmienda, que ayer suscitó un fuerte debate en el Senado tras la defensa que de ella hizo el PP, cuenta con la oposición de todos los demás partidos, incluso los aliados nacionalistas del Gobierno, CiU y PNV, con lo que, previsiblemente, será derrotada en su tramitación definitiva en el pleno del Congreso.

Joaquín Galán, senador del PSOE, denunció que la excedencia forzosa de tres años para los jueces dedicados a la política supone "un privilegio exorbitante" porque contarán con "un trienio sabático con plenitud de derechos económicos y cómputo a efectos de carrera y derechos pasivos". Galán cree que este proyecto de ley propicia que algunos jueces se introduzcan en "candidaturas puramente instrumentales" para poder acogerse a sus beneficios. Asimismo, constituye, dice, "una solución equivocada, de consecuencias presupuestarias imprevisibles".

El senador socialista propone que sea el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de los jueces, el que decida sobre el futuro de los jueces dedicados a la política en el momento de su reincorporación a la carrera. Para el senador socialista Galán, la ley es aún "más escandalosa si intenta aplicarse a los que ahora están ocupando cargos políticos".

El senador del PP Esteban González Pons admitió que el carácter de retroactividad de la ley puede caer a su paso por el Congreso por la oposición de los demás grupos parlamentarios. González replicó a Galán que el PSOE se opone al carácter retroactivo de la ley para "desacreditar el gesto de la ministra de Justicia, que quiso someterse la primera al criterio marcado por la nueva ley". La retroactividad, de aplicarse, afectaría, además de la ministra de Justicia, al ex ministro de Justicia e Interior y diputado del PSOE Juan Alberto Belloch; a la ex secretaria de Estado de Justicia y diputada socialista María Teresa Fernández de la Vega, y al también diputado socialista por Albacete y magistrado Joaquín Iñiguez.

El senador de CiU Luis Capdevila se opuso a la retroactividad de la ley en nombre del "principio de la seguridad jurídica y la irretroactividad de las disposiciones tanto afecten a derechos adquiridos como a expectativas que, por lo demás, están suficientemente consolidadas". Capdevila insistió en que "aquellos jueces y magistrados que ejercen actividades políticas no deben verse perjudicados en este momento por esta modificación que la propia jurisprudencia constitucional inclusive nos manda que se respete".

La enmienda que ayer introdujo el PP en el Senado concede veinte días a los magistrados, dedicados a la política, Para que decidan sobre su futuro. El senador popular Vicente Magro anunció ayer mismo su retirada de la política y el regreso a la carrera judicial.

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