La Universidad Católica de Ávila no podrá eludir las normas generales

El Consejo de Estado ha marcado con claridad los límites de las universidades del obispo, creadas en Ávila y en Murcia por ls correspondientes prelados. En un dictamen de 23 folios arobado el jueves y enviado a la ministra de Educación, Esperanza Aguirre, se reconoce a los obispos el derecho a crear universidades, pero éstas deben someterse a las normas de funcionamiento de las privadas, sin que puedan acogerse a peculiaridades derivadas de los acuerdos de España con la Santa Sede. Además, se rechaza que un prelado pueda crear una universidad en beneficio de una fundación, como ha sucedido en Ávila.

"No es viable configurar sin más las universidades creadas por la Iglesia Católica como una tercera categoría distinta de las universidades públicas y privadas", se afirma en el dictamen, que reproduce los argumentos jurídicos incluidos por el letrado Ernesto García-Trevijano en su proyecto de dictamen, dado a conocer por este diario el pasado 26 de diciembre. En consecuencia, todas las que no son públicas son privadas, por lo que "las universidades que eventualmente establezca la Iglesia católica deberán cumplir los requisitos exigidos" a las privadas.La polémica de las universidades del obispo surgió a partir de las iniciativas del prelado de Ávila, Antonio Cañizares, (actualmente destinado en Granada), y del de Cartagena, Javier Azagra (con jurisdicción sobre la comunidad murciana). Ambos obispos se, ampararon en los acuerdos de 1979, entre España y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales para crear sus universidades, cuyo funcionamiento pretendían mantener al margen de las normas generales, prescritas por la Ley de Reforma Universitaria y el real decreto de requisitos mínimos.

La escasa credibilidad científica y educativa de los proyectos provocó la alarma de la comunidad universitaria, incluido el anterior equipo de Universidades, formado por el ex secretario de Estado Fernando Tejerina y su director general, Alfonso Fernández-Miranda. Ambos recomendaron a la ministra, Esperanza Aguirre, que solicitara al Consejo de Estado un dictamen, que no es vinculante, aunque será previsiblemente atendido. Aunque el escrito se refiere a Ávila, su contenido es aplicable a cualquier caso similar.

El Consejo mantiene que cualquier universidad católica, excluido el acto formal de la creación (a cargo de los obispos), "para ejercer sus actividades y para el reconocimiento a efectos civiles de los estudios en ella realizados, debe sujetarse ala legislación vigente del Estado".