El Papa se une al grito de los pobres Juan Pablo II respalda a los 12 millones de brasileños 'sin tierra'

ENVIADO ESPECIAL Monseñor Pedro Casaldáliga, un hereje desde la década de los setenta para el sector más inmovilista de la Iglesia católica, aplaudió agradecido la solidaridad de Juan Pablo II con el Movimiento de los Sin Tierra (MST), su decidido apoyo a una reforma agraria. "Es bueno que el Papa hable, pero creo que, como me ocurrió a mí, también será criticado por quienes dicen que la Iglesia no debe meterse en asuntos de Estado", declaró al periódico Jornal do Brasil desde su residencia en el remoto Matto Grosso.Razones hay para la simpatía pontificia: el 88% de las tierras están en manos del 20% de la población, y el 1% de los latifundistas detenta la mitad de las áreas cultivables de un país rico y gigantesco, con 155 millones de habitantes -el 40% empobrecido-, puntero en tecnología y miseria. El economista Celso Furtado piensa que el activismo del MST constituye la revolución más importante de la historia contemporánea brasileña. "Es formidable que haya hombres queriendo volver al campo. El Gobierno necesita abrir los ojos y aprovechar ese movimiento".

El ejecutivo del socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso emprendió hace cuatro años una reforma agraria que, pese a sus logros y la pugna de los funcionarios con la resistencia de los hacendados, no satisface a las 30.000 familias encuadradas en el ejército de campesinos a la fuerza, labradores ante la ausencia de alternativas urbanas. Actualmente, 35.083 latifundios ocupan 153 millones de hectáreas, casi la mitad de las propiedades rurales de Brasil: como si 35.083 personas ocuparan una superficie equivalente a Francia, Alemania, España, Suiza y Austria. Imposible una audiencia papal, Egydio Brunetto y Joâo Pedro Stedile, dirigentes del MST, cursaron por escrito al Papa un severo pliego de cargos. "¿Qué ocurrió desde su primera visita hace 17 años?", se preguntan. "Brasil es ahora el país con mas desigualdades sociales del mundo, según la ONU, millones de campesinos emigran a las ciudades, y solamente en los dos años de gobierno, 400.000 pequeños agricultores perderán sus tierras".

Brunetto y Stedile lamentan que viviendo en una nación de dimensiones continentales, con tierra para todos, más de cuatro millones de familias, 12 millones de brasileños, carezcan de una parcela. "El Gobierno prefiere importar productos agrícolas. En 1996 gastamos 7.000 millones de dólares (un billón de pesetas) en alimentos que podían haberse producido aquí". Pese a las justificadas protestas del MST, a la existencia de lacras sociales todavía inmutables, a la alta corrupción, a un déficit fiscal superior al 5% del PIB o la sobrevaluación de la moneda, sería injusto negar los esfuerzos y avances de Cardoso, sociólogo de perfil marxista hace 30 años, amigado electoralmente con los conservadores desde 1994.

Su Gobierno controló una hiperinflación cercana al 2.500% al año, hoy por debajo del 8%, aumentó la capacidad adquisitiva de la mayoría de sus compatriotas, atrajo 20.000 millones de dólares en inversiones en el último ejercicio y aumentó las reservas hasta los 62.000 millones de dólares. El paro afecta oficialmente al 6% de la población activa, aunque para ello deba incluirse en la categoría de empleados al vendedor callejero de sol embotellado, o al limpiabotas. Con todo, en torno al 50% del electorado que percibe el salario mínimo votaría a Cardoso en 1998, según las encuestas: tales fueron los estragos de la hiperinflación.

La apertura económica y la estabilidad monetaria obtenidas con el Plan Real, que hace cinco años estableció la casi paridad entre el dólar y el real, benefician desigualmente, o perjudican a los funcionarios, cuya caza y captura decretó Cardoso, por lo ruinoso de sus salarios, en un fenómeno semejante al registrado en las economías latinoamericanas inmersas en la transición del estatismo a las privatizaciones. Según la oposición y el Papa, en ese tránsito "los ricos son cada vez más ricos y los pobres más pobres". Al grito se suma el MST, fundado hace 12 años, un grupo de presión que cuenta con siete parlamentarios afiliados y con el izquierdista Partido de los Trabajadores y que tiene a 19 líderes en la cárcel acusados de haber promovido la violencia contra los terratenientes.

Reprochando a Cardoso un sometimiento al flanco más reaccionario de la coalición de gobierno, y a sus caciques regionales, el MST organiza marchas y choca sangrientamente con partidas armadas y pistoleros a sueldo de los estancieros, y con la policía militar despachada por los gobiernos federales para impedir las ocupaciones de fincas. En abril del pasado año cayeron muertos 20 campesinos en una carretera del Estado de Pará.

Los reproches del MST a Cardoso, coaligado con la derecha e inmerso en una compleja y profunda transformación de las obsoletas estructuras económicas y políticas nacionales, fueron comunicados al Papa. "Santo Padre, nuestros salarios siguen siendo miserables, y el sueldo mínimo apenas alcanza los 120 dólares. La educación y la salud continúan siendo privilegios de unos pocos. La política económica expulsó de sus tierras a 400.000 familias, y más de 800.000 asalariados agrícolas perderán su empleo".

Las prisas del MST y del episcopado por culminar una justa distribución de tierras fértiles improductivas han sido protestadas por el Ejecutivo, que debería desembolsar cerca de 40.000 millones de dólares para instalar rápidamente y como Dios manda a todos los brasileños que exigen un huerto. "Hay mucho de demagogia en la postura de la Iglesia", opina un corresponsal extranjero domiciliado en Río. "¿De dónde va a sacar el Gobierno tanto dinero de golpe y con único objetivo? Es una reforma muy compleja".

Para la Iglesia no hay demagogia en sus señalamientos: el Gobierno renegocia las deudas de los grandes terratenientes y omite sus obligaciones con los débitos de los pequeños agricultores. "Los pequeños propietarios, los campesinos pobres y los sin tierra", acusó en un documento, "no tuvieron plena atención a no ser de la represión judicial y policial".

El Movimiento de los Sin Tierra continúa sus marchas y dice no entender que únicamente 14 personas hayan sido condenadas en los procesos abiertos, aproximadamente 50, para determinar las circunstancias en que murieron 1.624 de los suyos, la mayoría durante la toma de tierras. El Gobierno, mientras tanto, sortea como puede la presión y ha entregado tierra a 100.000 familias. Prometió hacerlo con otras tantas antes de concluir este mandato; el año próximo, 250.000 hectáreas procederán de las expropiadas a bancos que estafaron al Estado. "La verdad es que éste es un país donde en 500 años de historia la tierra nunca ha sido distribuida", dice Stedile, de 44 años, católico.