Reformismo inexistente

Cristóbal Montoro, secretario de Estado de Economía, suele decir que la prueba de la actual madurez de los ciudadanos, en relación con el ciclo económico, es que critican al Gobierno exigiendo más reformas y no más statu quo: la cultura económica ha cambiado. Como representante del departamento más ortodoxo del Ejecutivo, el de Economía y Hacienda, Montoro estaría satisfecho de ello porque apoyaría sus tesis frente a las presiones de los departamentos más laxos (el área política) y, por tanto, más partidarios del gasto público como herramienta para engrasar el sentido de la opinión pública (cuando las encuestas no son favorables). La tensión entre partidarios del rigor y el sindicato del gasto es tradicional en los consejos de ministros.La posterior discusión estaría en el sentido de las reformas, que muchos entienden siempre como mayor desregulación, más liberalización, eliminación de la ganga de lo social en beneficio de la eficiencia del mercado. Y no es así en todos los casos. Véase lo que está pasando en Europa con la reforma del mercado de trabajo: mientras el FMI demanda mayor flexibilización, las fórmulas europeas contemplan aspectos hasta ahora tabúes: la reducción de la jornada laboral, el cambio de los subsidios por creación de nuevos yacimientos de empleo, la prioridad a los segmentos más sensibles como es el paro de larga duración o el empleo juvenil. Estas propuestas vienen avaladas por los Gobiernos, por la Comisión Europea, por el Parlamento Europeo y, a partir del pasado viernes, por iniciativas nacionales bilaterales, como la firmada por Francia e Italia sobre el reparto del tiempo de trabajo. España, que tiene el doble de desempleo que estos países, mira para otro lado y confía en el crecimiento como única forma natural de corrección de un paro de más del 20% de la población activa. Para el PP no hay atajos en la lucha contra el paro.

Estas reformas que reclama Montoro están ausentes del proyecto de Presupuestos para 1998 y de la práctica gubernamenta: no hay en ellos un esquema de cambio fiscal (sino todo lo contrario: un nuevo embarullamiento en las condiciones del IRPF, que crea inseguridad); nada nuevo se sabe de mayor competencia en telecomunicaciones (Telefónica sigue siendo un monopolio y gastándose su cash flow -lamentable concepto de la inversión puesto de moda por su presidente- en compras caprichosas que no afectan a su negocio típico), energía o transportes...

De estos Presupuestos cabe destacar, sobre todo, un cálculo: el porcentaje de reducción del déficit público que se contempla (seis décimas), equivale casi exactamente a los ingresos que se darán por privatizaciones de empresas públicas (se venden las joyas de la corona para disminuir el déficit una sola vez), más la reducción de los pagos de los intereses de la deuda pública por la caída del precio del dinero. No hay, pues, esfuerzo añadido. La pregunta es inmediata: ¿qué va a pasar con este desequilibrio que las nuevas reglas de juego exigen combatir, una vez que España esté en el área del euro?

La reducción de los tipos de interés aprobada el pasado viernes por el Banco de España (un cuarto de punto) estaba exigida por el propio proceso de convergencia y descontada por los mercados, pero ha sido tan escasa que permite deducir que a nuestra autoridad monetaria no le han gustado estos Presupuestos, precisamente por la ausencia de reformas estructurales.

Cuando llegamos a la mitad de la legislatura, la economía va bien (copyright de Aznar) y combina un rápido crecimiento, baja inflación y una balanza por cuenta corriente positiva; pero también sucede en la mayor parte de los países europeos. Mientras tanto, muchos de los problemas de largo plazo siguen embalsados sin que haya voluntad política de enfrentarse con ellos.