Ajuste 'ma non troppo'

RODRIGO RATO, vicepresidente económico del Gobierno, explicó ayer que los Presupuestos Generales del Estado para 1998 tienen como objetivo principal "garantizar la continuidad de la expansión económica y el empleo en un marco de estabilidad similar al de los países centrales europeos". La ambiciosa síntesis de Rato sobre las cuentas públicas del año próximo, que ayer se presentaron en el Congreso y que contarán al menos con el apoyo político de CiU y Coalición Canaria, presenta un dilema de fondo entre el mantenimiento de un presupuesto ajustado -en línea con las exigencias de estabilidad presupuestaria que deberán autoimponerse los países que se integren en la moneda común- y la tentación de elaborar- unas cuentas públicas un poco más alegres, en línea con la coyuntura. Es difícil imponer un presupuesto restrictivo en periodos de crecimiento, cuando se prevé para el año próximo un aumento del PIB del 3,4%, una escalada de la inversión del 7% y una subida del consumo del 3,1%. Unas previsiones excelentes que prolongan la espectacular marcha de la economía en el segundo, trimestre de este año. Estos presupuestos desarrollan, en este contexto de crecimiento, un gasto del Estado de 18,7 billones -aumento del 3,2%- y unos ingresos de 16,5 billones, el 3,8% más que este año. El déficit de las administraciones públicas queda fijado en el 2,4% (con margen sobrado para estar en el euro) y se insiste en que la presión fiscal será descendente (del 20,9% del PIB este año al 20,1%). Analizadas las cifras, la mayor cualidad que aparece en la distribución de gastos e ingresos es la con tinuidad en la preocupación por controlar el déficit. Si acaso, se aprecia que el modelo restrictivo de 1997 se ha moderado ligeramente, pero las pautas del ajuste presupuestario siguen siendo inmovilistas, es decir, basadas sobre todo en las ventajas que se derivan de un ciclo económico de prosperidad. No hay nada reprochable en plantear una política de rigor presupuestario; pero a primera vista parece difícil casar ese propósito con el empeño, voluntaristamente publicitado por el vicepresidente, de que este presupuesto tiene como objetivo central apoyar el crecimiento y la creación de empleo.

Se mire como se mire, en el presupuesto del año próximo el ajuste del gasto público se consigue mediante una reducción de las cargas de la deuda -los intereses costarán 270.000 millones menos que este año- y el mantenimiento de la congelación en los gastos de bienes corrientes y servicios. En 1998 se corrige el error político de este ejercicio y se admite una subida de los sueldos de los funcionarios en línea con la inflación prevista, aunque los deslizamientos elevarán el coste de la masa salarial hasta un 3% aproximadamente.

La sanidad es la gran beneficiada, seguramente en consonancia con la demanda de los nacionalistas catalanes. Bien está que la asignación de recursos se acerque al gasto real, pero nada sabemos de los planes para reducir unos costes que se disparan año tras año. También la inversión pública -la cenicienta de este año- y la educación crecen por encima de la media, después de años de reducción o congelación. Y eso es casi todo en materia de gasto: es más importante lo que no se hace que lo que efectivamente se realiza. Y lo que no se hace, de nuevo, es acometer reformas estructurales que descarguen de obligaciones futuras de gasto a la Administración pública: ni cambia sustancialmente el número de funcionarios -aumenta algo-, ni se adoptan medidas para racionalizar el gasto en sanidad, ni se ajustan las 'fugas de fraude" en el capítulo de protección social. Tampoco se clarifica la política sobre la empresa pública (excepto las masivas ventas al sector privado): sustituir los fondos presupuestarios por la capacidad de endeudamiento equivale a montar una bomba de relojería financiera qué puede estallar en cualquier momento.

Sin bajar impuestos

En el capítulo de ingresos, la evolución continuista es la misma: las reformas mil veces anunciadas brillan por su ausencia. Contra las fervientes promesas electorales, no hay reducción de impuestos para el conjunto de los contribuyentes. Los efectos del recorte de tramos del IRPF están por ver y las cifras de reducción de la presión fiscal son poco creíbles o, en el mejor de los casos, indemostrables, puesto que no están expresadas en términos de contabilidad nacional. No es posible entrar en un juicio de intenciones sobre si el Gobierno pretende o no bajar los impuestos; ese análisis habrá de hacerse cuando se conozca su propuesta de reforma del IRPF en el primer, semestre del año próximo. Por otra parte, una vez conocidas las decisiones de 1997 y las cuentas de 1998, no se aprecia ese aumento de la seguridad jurídica que con tanto énfasis defendieron los populares en la oposición y criticaron a los socialistas; el contribuyente sigue estando sometido a un parcheo continuo del impuesto sobre la renta, de forma que en los dos últimos ejercicio su estructura y cuantía es provisional. No hay forma de que el ciudadano programe el pago de sus impuestos largo plazo.

En síntesis, brillan por su ausencia las prometida reformas. estructurales en el gasto público y las rebaja de impuestos. En ausencia de tales cambios, el cumplimiento del objetivo de convergencia (un déficit público máximo del 3%) queda confiado a los recortes coyunturales de casi todas las partidas presupuestarias. Sin la reformas necesarias cabe sospechar que, cuando esto ajustes ya no puedan mantenerse políticamente, el gasto ( volverá a aumentar.

También está en discusión el papel de los presupuestos de 1998 como instrumento de regulación económica. Este papel es sumamente paradójico: si se admite como razonable una tasa de crecimiento del 3,4% para el año próximo y que el presupuesto es "menos resirictivo",que el anterior, la hipótesis más probable es que se produzca un repunte en la inflación. Curiosamente, el Ejecutivo asume el problema formalmente en sus declaraciones, pero lo ignora en la realidad cuando supone que las reducciones adicionales de tipos de interés y el ajuste fiscal ya practicado apagarán el fuego inflacionista; es precisamente la amenaza de elevación de precios la que coloca en difícil situación al Banco de España para bajar de nuevo el coste del dinero.

Los presupuestos de 1998 deben tener una prioridad por encima de las demás: asegurar los objetivos de estabilidad exigidos para estar en la última fase de la Unión Económica y Monetaria. Desde este punto de vista, las cuentas del Estado exhiben una evolución aceptable de los desequilibrios económicos y sus cifras son verosímiles. Pero, desafortunadamente, los segundos presupuestos elaborados por el equipo de José María Aznar ignorán olímpicamente las reformas estructurales. No son problemas nominales, sino reales. Las costuras de este presupuesto continuista y correcto a corto plazo -pero insuficiente para garantizar la estabilidad macroeconómica a medio plazo- se romperán en cuanto aparezcan nuevas tensiones políticas -un nuevo pacto para financiar la sanidad, por ejemplo- o sea necesario atender exigencias más elevadas de financiación autonómica.

El debate parlamentario deberá servir para aclarar si estos temores son compartidos por él conjunto de los grupos políticos y si, como ha dicho la oposición, tras una fachada de coherencia y de rigor, las cifras presentadas por el Gobierno son "un cóctel explosivo de ideología conservadora, trucos contables y marketing político"; es decir, un apaño. Y también si hay un aumento encubierto de la presión fiscal.

En una primera lectura nos parece que los datos presupuestarios apoyan la llegada de España a la moneda única -lo que no es poco-, pero ignoran los problemas de fondo de nuestra economía. Gracias a la caída de los tipos de interés y a una recuperación económica generalizada, el Gobierno podrá pasar el trámite sin necesidad de proceder a recortes drásticos. Pero en algún momento habrá de abordar los verdaderos problemas de, competitividad y de redistribución de nuestro país.