La oposición a Fujimori pide ayuda al PSOE para investigar escuchas de la filial de Telefónica

Destacados miembros de la oposición democrática peruana han pedido al secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, que solicite una investigación sobre la filial de la compañía Telefónica en Perú, acusada por sus propios dirigentes sindicales de tolerar pinchazos a miembros de la oposición, empresarios y periodistas. Telefónica, con el 35% de la propiedad, controla la gestión de la filial peruana, que opera en régimen de monopolio.

La oposición democrática peruana ha denunciado la existencia de una extensa red de escuchas ilegales y pretende constituir en el Congreso peruano una comisión investigadora sobre el espionaje telefónico. Una de las principales víctimas de estas prácticas ilegales ha sido Javier Pérez de Cuéllar, ex secretario general de Naciones Unidas y rival del actual presidente de Perú, Alberto Fujimori. La mayoría gubernamental bloqueará previsiblemente esta iniciativa parlamentaria. La petición de ayuda de los parlamentarios peruanos, suscrita por miembros de cuatro partidos, se produce semanas después de, que el PSOE presentara en el Congreso español una proposición no de ley para que se condenen las violaciones de los derechos humanos en Perú y se busque, en el marco de la Unión Europea (UE), una posición común que supedite la cooperacion económica con el país andino a la mejora de esos derechos.

La carta remitida a Joaquín Almunia está suscrita por los congresistas Jorge Castillo y Lastenio Morales, del partido APRA; Manuel Lajo, de G. Perú; Javier Diez Canseco, de Izquierda Unida; Gustavo Mohme, independiente, y Jorge Donayre, de Unión por el Perú. En el escrito de los parlamentarios peruanos se afirma que las interceptaciones telefónicas en Perú constituyen un "verdadero escándalo nacional".

Grupo de élite

Los parlamentarios peruanos han hecho llegar a Almunia las denuncias formuladas por el Sindicato Unitario de Trabajadores del Perú, que, tanto en cartas dirigidas a la propia empresa como en apariciones en diversos medios de comunicación, han asegurado que en Telefónica de Perú existe un grupo de élite, en connivencia con la empresa, que se dedicaría a borrar las huellas de las escuchas telefónicas.

El Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú expresa también su preocupación por "la decisión de la administración de retirar la seguridad y vigilancia de determinados locales de la empresa" con el riesgo de que "en esos locales puedan ingresar personas ajenas y realizar alguna manipulación de las conexiones telefónicas".

José Ramón Vázquez López, gerente de Recursos Humanos de Telefónica de Perú, salió al paso y, a su vez, acusó a uno de los representantes sindicales de tener un "claro propósito de perjudicar la imagen de una empresa exitosa".

Telefónica de Perú es una de las filiales de la compañía en Latinoamérica. Telefónica, que la gestiona, controla cerca del 35% de su capital y opera en régimen de monopolio en telefonía básica hasta el año 1999.

La oposición democrática peruana, que debe sufrir los abusos de poder del régimen autoritario, ha solicitado la ayuda del PSOE convencida de que la mayoría oficialista de su propio Parlamento bloqueará cualquier iniciativa destinada a aclarar el escándalo del espionaje telefónico.

Los medios de comunicación de la oposición peruana desvelaron el pasado mes de agosto un amplio plan de espionaje político, atribuido al Servicio de Inteligencia Nacional, del que han sido víctimas destacados miembros de la oposición y de los medios de comunicación, así como empresarios que se consideran mal vistos por la presidencia de la República.

En este contexto, el PSOE presentó hace unas semanas en el Congreso una proposición no de ley sobre la situación de los derechos humanos en Perú. El Gobierno de Fujimori reaccionó airadamente ante la iniciativa parlamentaria de los socialistas españoles y convocó la pasada semana al embajador español en Perú, Gonzalo de Benito, para pedirle explicaciones. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores español llamó al encargado de negocios peruano en Madrid para expresarle la preocupación por las amenazas de muerte recibidas por el diputado socialista Luis Yáñez, autor de la propuesta.

La iniciativa parlamentaria del PSOE fue también aborda da el pasado jueves en la entrevista que mantuvieron en Nueva York el ministro de Asunto Exteriores, Abel Matutes, y su homólogo peruano, Eduardo Ferrero, que viajará a Madrid en la primera quincena de diciembre invitado por Matutes.

Pero éstas no han sido la únicas reacciones que ha originado la proposición no de ley socialista, que será debatida en la comisión de Exteriores en la próximas semanas. Según fuentes del PSOE, empresas españolas con intereses en Perú se han puesto en contacto con la dirección del Grupo Socialista en el Congreso para expresarle su "preocupación" ante el temor de que la iniciativa parlamentaria perjudique los intereses privados españoles en Perú.