Las víctimas piden una orden de detención contra el dictador

Roberto Garretón defiende abiertamente la competencia de la Justicia española para investigar crímenes contra la humanidad durante la dictadura de Pinochet, y critica la opinión expresada por miembros del Gobierno que han negado toda competencia jurídica a España. "La actitud del Gobierno chileno es una injerencia en la política interna española. España y Chile han suscrito la Convención contra la tortura y esto ya es suficiente para aceptar que España es competente en la materia", terció Garretón.En su opinión, la Justicia española debería pedir la extradición de Pinochet o en su caso dictar una orden internacional de busca y captura.Y recordó una frase pronunciada por el general en 1989: "Nos tratan de criminales... y qué quieren, si había que apretar a gente que no quería decir dónde estaban las armas

Decir la verdad

Garretón se refirió a los ciudadanos españoles desaparecidos o asesinados en Chile y recordó que en su etapa de embajador condenó sin ambajes el asesinato del sacerdote Joan Alsina. "Dije que fue asesinado porque la documentación de la Comisión de Verdad y Reconciliación no ofrece lugar a dudas. La política del Gobierno de Patricio Aylwin fue siempre decir la verdad. Todo lo contrario de lo que hacían los embajadores de Pinochet, que negaban sistemáticamente cualquier acusación". Garretón, miembro del Partido Demócrata Cristiano, fue procesado durante la dictadura por ofensas a las Fuerzas Armadas, condenado en primera instancia, y absuelto posteriormente.

El juez Manuel García-Castellón, que ayer tomó declaración a Roberto Garretón, investiga la desaparición de unos 3.000 españoles y chilenos, víctimas de secuestros, torturas y asesinatos durante el régimen militar en Chile (1973-1990).

El magistrado instruye esta causa tras aceptar la querella presentada en febrero pasado por la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que se sumaron después otras asociaciones, contra el general Pinochet y otros altos jefes militares, así como una lista de sus subordinados, por el delito de crímenes contra la humanidad.

García-Castellón ha citado para hoy a la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, Sola Angela Sierra, y a Carmen Gloria Quintana, una víctima a la que una patrulla militar intentó quemar viva el 2 de julio de 1986, en un caso que estremeció a la opinión pública chilena.

El viernes pasado declaró la diputada socialista Isabel Allende, hija del ex-presidente chileno.