El ministro del Interior de Pinochet ordenó detener a opositores que murieron torturados

Once años después del golpe de Estado del general Augusto Pinochet, el ministro del Interior de Chile, Sergio Onofre Jarpa, firmaba de su puño y letra, y por instrucciones del presidente de la República, una orden de detención durante cinco días contra un opositor. Un día después, el detenido fallecía "por severo traumatismo externo" según el certificado de defunción. La documentación de este y otros casos similares fue entregada ayer al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que instruye un proceso por genocidio contra la dictadura chilena, por el testigo Roberto Garretán.

Sergio Onofre Jarpa sigue siendo un destacado protagonista de la escena política chilena después de haber sido senador entre 1990 y 1994 y presidente del partido derechista Renovación Nacional, cuyo cargo ha abandonado recientemente.La declaración de Roberto Garretón, de 55 años, ante el juez García-Castellón tiene especial valor por tratarse del antiguo director del departamento judicial de la Vicaría de la Solidaridad de Chile, abogado defensor en 103 consejos de guerra contra opositores a la dictadura. y redactor del informe que presentó el primer Gobierno democrático tras la dictadura, en 1990, ante el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Entre la documentación. facilitada al magistrado español destaca el caso de Mario Gilberto Fernández López. El 17 de octubre de 1984,el entonces ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, firmó " por orden del presidente de la República" un decreto de detención contra Mario Gilberto Fernández López, de 49 años, transportista y militante del Partido Demócrata Cristiano. El decreto número 4819, fechado en Santiago, decía textualmente: "Arréstese y manténgase en tal calidad, por el plazo de cinco días, en dependencias de la Central Nacional de Informaciones [CNI, la policía política de la dictadura] de La Serena, a Mario Gilberto Fernández López. La mencionada persona quedará sujeta a la vigilancia y control de la Guarnición Militar de La Serena, o de la Autoridad de las Fuerzas Armadas o de orden en que éstas deleguen dichas facultades".

El 18 de octubre de 1984, en el Registro Civil e Identificación entraba el certificado de defunción de Mario Gilberto Fernández. La muerte se produjo a las 22.30 horas a consecuencia de las lesiones que sufrió en la pared abdominal, lo que le causó "un shock hipobolémico por ruptura traumática de vísceras abdominales por base y mesenterio", de acuerdo al protocolo de la autopsia.Versión oficial

El informe Rettig sobre las víctimas de la represión bajo la dictadura chilena menciona el caso de Gilberto Fernández y reproduce la versión que dieron de los hechos los responsables de la CNI: "El 18 de octubre, el detenido sufre una crisis nerviosa perdiendo el control sobre sus actos como consecuencia de haber sido descubierto en sus actividades terroristas y subversivas, golpeándose contra los muebles de la dependencia para detenidos sin la intervención de terceras personas, provocándose lesiones indeterminadas que hizo recomendable su traslado al Hospital Regional de La Serena, por un paro cardiaco respiratorio". El informe Rettig recordaba que Fernández López fue detenido en la madrugada del 17 de octubre en su domicilio de la ciudad de Ovalle por agentes de la CNI , y concluía que el detenido "murió a consecuencia de la tortura practicada por agentes de la CNI, no encontrando, por tanto, verídica la versión oficial, constituyendo estos hechos una violación a los derechos humanos. de responsabilidad de agentes estatales". En su declaración ante el juez García-Castellón, Garretón subrayó que "los casos de tortura eran institucionalizados hasta el extremo de que las cárceles eran secretas y los ministros del Interior disponían por un decreto supremo el envío de personas a centros de detención". El testigo se extendió sobre los instrumentos que utilizó la Junta Militar chilena presidida por el general Pinochet: "La creación de un sistema legal para subordinar los derechos humanos a la autoridad del Estado. El estado de excepción permanente, que permitía detener sin orden judicial, y la estancia en campos de concentración sin explicación alguna. Asimismo se creó un sistema criminal por el que se llevaban a cabo ejecuciones sumarias y desapariciones como método estatal. No eran abusos individuales. La tortura requería instrumentalización jurídica".

Garretón, que durante el Gobierno de Patricio Aylwin fue embajador de Chile ante los organismos defensores de los derechos humanos y es el actual relator de la ONU para el antiguo Zaire, dijo que durante la dictadura las Fuerzas Armadas chilenas "fueron obedientes y jerarquizadas".