Apoyo a la pública, reconocimiento de la concertada
La Declaración conjunta en favor de la educación, respaldada ayer por 19 organizaciones y cuatro personalidades del mundo educativo, resalta "los progresos que España ha realizado en los últimos 20 años para modernizar su sistema educativo", aunque se reconocen también las insuficiencias que todavía subsisten". Los principales puntos del documento son los siguientes:Reforma y estabilidad. "Respaldamos las líneas básicas de la reforma, sin que esto signifique una rígida aprobación de todas sus propuestas, admitiendo las modificaciones que la propia experiencia vaya poniendo de relieve", se afirma en el texto, después de advertir sobre el "riesgo, siempre actual, de sucumbir a la vieja tentación de tejer y destejer según se produzcan los legítimos cambios de Gobierno". La educación española "no puede quedar sometida a los vaivenes de la coyuntura política y económica", sino que debe ser "una cuestión de la máxima prioridad".
Estructura del sistema. Se mantiene el objetivo de "extender la educación obligatoria y gratuita hasta los 16 años" y la organización de la secundaria en dos etapas: obligatoria (ESO), de cuatro años, y poso bligatoria, de dos años (bachillerato o FP). La educación obligatoria será comprensiva; es decir, sin segregación de alumnos por el rendimiento o otra causa.
Enseñanza pública. Se reclama "la potenciación de la enseñanza pública", a la que se atribuye "la responsabilidad básica de instrucción educativa". En consecuencia, es necesario que la Administración le otorgue "una atención especial que le permita ofrecer una enseñanza de calidad contrastada".
Enseñanza concertada. Los centros privados que reciben dinero del Estado (mediante los conciertos) forman parte del "servicio público" de la educación, con su "actual equilibrio". Se reconoce el derecho de estos centros a recibir fondos públicos "de acuerdo con las necesidades objetivas de escolarización". Se destinarán recursos para que los centros concertados dispongan de medios pedagógicos y departamentos de orientación. Se fijarán nuevos módulos de financiación.
Financiación. Se pide a los partidos que aprueben un plan de financiación para cinco anos que, mediante la aportación de más de 600.000 millones de pesetas, permita aproximarse a un gasto educativo del 6% del PIB, similar a los países avanzados de la Unión Europea. Compromiso presupuestario para que las transferencias a las 10 comunidades pendientes se realicen con calidad.
Formación profesional. Se impulsará la creación de un sistema integrado de formación profesional (FP) que permita ampliar y mejorar la oferta.
Educación infantil. Se propugna la ampliación de la oferta gratuita de 3 a 6 años, especialmente en los centros que escolaricen alumnos con problemas o necesidades especiales.
Integración. Los centros financiados por el Estado deberán asumir, según la declaración, la escolarización de alumnos con problemas sociales y culturales o con necesidades educativas especiales. El ministerio debe incrementar las partidas destinadas a colaborar con las comunidades en esta escolarización. Se ampliarán los programas de educación compensatoria.
Profesorado. En el documento se propone un nuevo sistema de incentivos profesionales y retributivos vinculados a la práctica docente, a proyectos de innovación y al trabajo en equipo. Es necesaria la ampliación de la oferta de formación del profesorado. Los profesores de los centros concertados deben tener una retribución similar a los de los públicos.
