El Supremo permite a California abolir la discriminación positiva

California puede seguir adelante con la abolición de la discriminación positiva que sus electores aprobaron mayoritariamente en referéndum el pasado noviembre. El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó en la tarde del pasado jueves la petición de que bloqueara la entrada en vigor de la denominada Proposición 209, que anula en el más poblado y dinámico Estado norteamericano la política de favorecer en la educación y el empleo a los miembros de minorías étnicas, culturales o sexuales.La petición de bloqueo había sido efectuada por una coalición de asociaciones de derechos humanos y grupos progresistas de San Francisco. Sin el menor comentario, el Supremo autorizó a California a seguir adelante. con una política que contradice la practicada en todo el país desde los años sesenta. La Proposición 209 entró en vigor el pasado 28 de agosto, tras superar el escollo del bloqueo de un juez federal.

El Supremo de EE UU, no obstante, no ha dicho su última palabra al respecto. En su registro de entrada existe una petición para que estudie la constitucionalidad de la Proposición 209. El Supremo deberá estudiar esa petición este año judicial que empieza.

El pasado noviembre, coincidiendo con las elecciones presidenciales y legislativas, los electores de California tuvieron que pronunciarse en dos referendos separados sobre la legalización de la marihuana para usos médicos y la abolición de la discriminación positiva. En ambos casos su respuesta fue afirmativa. El fin de la política de favorecer a miembros de minorías fue aprobado por el 54% de los votantes.

California se ha convertido así en el primer Estado norteamericano que desautoriza la filosofia de la affirmative action adoptada en todo el país hace tres décadas. El fundamento de esa filosofia es que las mujeres y los negros han sido discriminados secularmente, por lo que sólo pueden alcanzar una situación de igualdad si reciben el empujón de los poderes públicos a la hora de estudiar o ser contratados. En aplicación de la affirmative action, los municipios, los Estados y el Gobierno federal deben otorgar preferencia a los miembros de las minorías.