Armas y alcohol

EL CONSEJO de Ministros aprobará en breve la remisión al Congreso del Anteproyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, del que ya ha informado favorablemente el Consejo General del Poder Judicial. La principal novedad del nuevo régimen disciplinario militar, que sustituye al vigente desde 1986, es el endurecimiento de las sanciones previstas para el consumo de alcohol en los cuarteles. El caso Miravete -la muerte de un cabo por el disparo de un sargento presuntamente ebrio el pasado abril en el destacamento de Candanchú- ha tenido un efecto directo en la redacción del nuevo código.El impacto que tuvo este suceso en la opinión pública, sobre todo porque el mismo sargento ya mató a otro compañero en circunstancias similares años atrás, ha llevado al Ministerio de Defensa a extremar la persecución de estas conductas, hasta el punto de prever la máxima sanción posible, la expulsión de las Fuerzas Armadas, para quienes se embriaguen habitualmente. El texto aclara que se considera que existe embriaguez habitual cuando se producen tres o más episodios de este tipo en dos años.

En realidad, la aplicación práctica de este precepto, que puede parecer riguroso en exceso, resulta en extremo difícil, ya que debe existir constancia objetiva de tales casos de embriaguez. Lo importante, en todo caso, es el mensaje que encierra: el consumo de alcohol en altas dosis resulta absolutamente incompatible con la profesión militar. A tal efecto, es mucho más eficaz, por más fácilmente aplicable, la tipificación como falta leve (hasta un mes de arresto) y grave (hasta dos meses de arresto) del consumo de alcohol en acto de servicio o llevando armas, respectivamente. Si nadie discute que conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol constituye una temeridad, que se castiga con gravosas multas en el código de circulación, no resulta menos explosiva la mezcla del alcohol con las armas de fuego.

Naturalmente, el razonamiento no vale sólo para los militares, a los que se aplicará la nueva ley disciplinaria, sino también para los miembros de las, Fuerzas de Seguridad, tanto las estatales como las autonómicas y locales. Lo lógico es que normas similares se extiendan a medio plazo a los miembros de cualquier colectivo autorizado a llevar armas.

En todo caso, no será sólo con medidas represivas como se resuelva este problema. La realización de controles psicofísicos, periódicos y rigurosos, a los miembros de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad -como mínimo, con motivo de la prórroga de la licencia de armas, que no debe ser automática como sucede ahora- o una regulación estricta de la venta de alcohol en las instalaciones militares servirían probablemente más que la multiplicación de las sanciones.

Por otro lado, la nueva ley disciplinaria castiga, con mayor dureza que el consumo de alcohol, el de drogas y estupefacientes. Nada hay que objetar a ello, por las mismas razones ya explicadas, salvo, quizá, que el mayor celo puesto en perseguir estas sustancias evidencia la resistencia que todavía existe a homologar la situación del toxicómano con la del alcohólico.

El problema de fondo está en una cultura de tolerancia e incluso exaltación del consumo excesivo de alcohol, que está profundamente enraizada en la sociedad española y, en particular, en el estamento castrense. Por eso, quizá el mayor acierto del nuevo código consiste en sancionar con idéntico rigor tanto a los que beban en circunstancias en que esté prohibido hacerlo como a quienes consientan que otros lo hagan.

Respecto a la tipificación como falta grave de las conductas contrarias a la "libertad sexual", constituye una traslación a la ley castrense del lenguaje utilizado en el nuevo Código Penal y una actualización obligada del anterior precepto, que sancionaba los "actos deshonestos" como si el bien a proteger fuera una determinada moral y no la libertad individual de los miembros de un Ejército que, a medio plazo, estará formado exclusivamente por profesionales, tanto hombres como mujeres.