El PSOE critica la idea de cobrar por la visita a las catedrales

El Ministerio de Educación y Cultura estudia, junto a la Conferencia Episcopal, la posibilidad de cobrar la visita a las catedrales, según reconoció el jueves en Santander el Director General de Bellas Artes, Benigno Pendás, en el seminario sobre el Plan Nacional de Catedrales. Esta posibilidad, que Pendás no explicó en sus detalles, ha suscitado ya la reacción contraria del portavoz del grupo socialista en la comisión de Cultura del Congreso, Salvador Clotas, que encontró "sorprendente" esta idea y "una muy mala solución"."Me preocupa la relación que puede tener el Ministerio de Educación y Cultura con la Conferencia Episcopal porque no está nada clara", afirmó ayer. "El plan lo tenía a punto el Gobierno socialista y la Iglesia no lo firmó, no sé qué condiciones desconocidas habrá pactado ahora, pero pienso que ellos deberían contribuir también al plan".

El Gobierno dedicará el año que viene 2.000 millones de pesetas a obras de restauración de las 82 catedrales españolas, según anunció Pendás. Además, elevará la desgravación a las inversiones en bienes culturales del 20% actual al 25%, el máximo permitido por la ley del mecenazgo. Diversos expertos aprecian estás medidas, pero opinan que Bellas Artes está convirtiendo el Plan Nacional de Catedrales en un mero plan de inversiones que no muerde el fondo del problema. "Lo que necesitan las catedrales no es mucho dinero de una vez, sino poco dinero muchas veces, y estudios serios", sostiene Pedro Navascués, catedrático de Historia del Arte y especialista en la materia. "Pensar que el problema de las catedrales se va a resolver en esta legislatura es una absoluta utopía".

Los planes directores

El meollo de la cuestión son los llamados planes directores, unos proyectos que deben analizar en detalle el estado de cada catedral y establecer qué intervenciones necesita, en qué orden y con cuánta financiación. En un golpe de efecto, Pendás lanzó el lunes un ultimátum a los cabildos catedralicios: quien no tenga su plan director acabado el 1 de enero de 1999, no recibirá más subvenciones.Pero esa premura política puede conducir a que los planes directores carezcan del necesario rigor científico, según objetan varios expertos. Por ejemplo, el plan para la catedral de Tarazona -considerada por el Gobierno una prioridad absoluta- tiene un plazo de seis meses y un presupuesto de cuatro millones. Pero Rosa Esbert, catedrática de Petrología de la Universidad de Oviedo, señala que sólo analizar correctamente el estado de la fachada de la catedral de Burgos cuesta cinco millones.

"La Iglesia debería hacer explícito su compromiso con las contrapartidas sociales que deben prestar los cabildos catedralicios a cambio de las inversiones públicas", dice Navascués. Este tipo de compromiso está incluido en el Plan Nacional de Catedrales, fruto de un acuerdo entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal, pero la actitud de los cabildos es muy irregular.