Arias-Salgado desafía a la Comisión Europea y se niega a rectificar la 'ley digital'

La Comisión Europea (CE) no ha cumplido sus obligaciones, no ha ponderado los intereses de los consumidores españoles, ha mantenido posiciones contradictorias sobre el mercado español y ha cometido incluso errores en el procedimiento de infracción abierto contra España por la ley de televisión digital. En este tono desafiante, elevado sobre una maraña de interpretaciones jurídicas, el ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, mantuvo ayer en el Congreso una cerrada la defensa de la norma que el Gobierno sacó delante en mayo con los votos del PP, IU y PNV y que la CE ha instado a modificar.

La prolija y un tanto confusa explicación del titular de Fomento no le evitó un chaparrón de críticas por parte de los representantes del PSOE, CiU y Coalición Canaria. IU y PNV estuvieron más comedidos.El portavoz del Grupo Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, lo tenía fácil. Armado con el dictamen motivado enviado por la Comisión Europea al Gobierno español, rebatió los argumentos de Arias-Salgado y enumeró todas las razones por las que Bruselas insta al Gobierno español a modificar la ley digital: es una norma que trata de favorecer a un operador (Vía Digital) en detrimento de otro (Canal Satélite); no beneficia a los consumidores; vulnera la libre circulación de mercancías y de servicios garantizada en el Tratado de Roma; es una ley intervencionista en materia de tarifas; y establece mecanismos de control desproporcionados sobre los operadores.

Frente al alud, Arias-Salgado avanzó la estrategia del Gobierno: acudir al Tribunal de Justicia de Luxemburgo para defender la ley y para solicitar una prueba técnica a realizar ante el mismo órgano, que demuestre si el sistema de descodificación simulcrypt [usado por Canal Satélite] es un sistema abierto o cerrado. El ministro se envolvió en la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo para defender el derecho de los Estados miembros de la Unión Europea a establecer limitaciones a la libre circulación de mercancías en interés de los consumidores, así como para adoptar medidas que refuercen las recomendaciones de los órganos comunitarios.

De esta forma enlazó con la polémica ley digital y explicó que, con la aprobación de la misma, el Gobierno "no intentaba una simple transposición de la directiva comunitaria de televisión digital, sino otros propósitos", que, según él, no son otros que la defensa del interés de los consumidores.

Al ataque

Y tras la defensa, el ataque. Arias-Salgado, que limitó la polémica con la Comisión Europea a una discrepancia en la interpretación de la directiva 95/47 de televisión digital, aseguró que "la Comisión [al abrir procedimiento de infracción] no ha ponderado los intereses de los consumidores españoles, en su dictamen no se analiza la situación del mercado español, ha incumplido sus obligaciones al no solicitar informes sobre la aplicación de la directiva en Europa" e incluso "ha cometido errores en su dictamen porque lo han basado en el decreto-ley de televisión digital y no en la ley".El responsable de Fomento no detalló a qué errores se refería, pero insistió: "El Gobierno va a mantener su interpretación de la legislación comunitaria y está dispuesto a incluir medidas de reforma de la ley" pero sólo si se aclara "qué daños irreparables, inminentes y urgentes" causa la aplicación de la misma.

El portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, reprochó al ministro su tardanza en comparecer en el Congreso y le acusó de mentir a la Comisión Europea y de ocultar información al Parlamento. Según Pérez Rubalcaba, Arias-Salgado evitó informar, mientras se tramitaba la ley, de las reuniones y de la correspondencia que mantuvo con Bruselas para salvar los problemas que la norma planteaba a la Comisión Europea. Y dio fechas: 14 de marzo, reunión con el comisario Martin Bangemann; y cartas remitidas el 9 de abril al comisario Mario Monti en las que el ministro mostraba su disposición a reformar la ley digital, cosa que finalmente no hizo.

Por todo ello, Pérez Rubalcaba concluyó que el ministro "no ha dicho la verdad al Parlamento, ni a la comisión, ni a los usuarios".

Arias-Salgado rechazó la acusación. "En un proceso confuso como el que se ha producido entre el Gobierno y la Comisión no hay posibilidad de engaño", dijo. Y afirmó que la Comisión "ha mantenido posiciones contradictorias sobre el mercado español" como ilustra, según él, la oposición que mantuvo al acuerdo alcanzado en 1995 entre Telefónica y Canal + para la sociedad Cablevisión.

IU, con el ministro

Entre los diputados de la oposición que intervinieron en el debate, sólo el portavoz de IU, Felipe Alcaraz, se alineó con el ministro. "La Comisión Europea se ha equivocado", dictaminó.Los representantes de CiU, Lluís Recoder, y de Coalición Canaria, Paulino Rivero, criticaron la argumentación jurídica de defensa de la ley utilizada por el ministro. Recoder recordó a Arias-Salgado que "estamos ante un problema político, no ante una discrepancia jurídica" e instó al ministro a "evitar un desenlace que podría situar al Gobierno al borde del ridículo". Rivero, por su parte, abogó por una salida consensuada del conflicto.

Joxé Joan González de Txabarri, diputado del PNV, restó trascendencia a la polémica con Bruselas y recordó al Gobierno que "hay posibilidades de rectificación".

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ana Mato, reiteró durante su intervención de apoyo al Gobierno todos y cada uno de los argumentos utilizados por su grupo y por el Ejecutivo en defensa de la ley en los últimos siete meses: necesidad de un descodificador único y universal; defensa del interés general o defensa de la competencia.