El Pacto de Madrid decide aislar a HB y reformas legales para combatir los apoyos al terrorismo

El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, fue la única voz que se escuchó tras la reunión de los 13 partidos firmantes del Pacto de Madrid. Fue un símbolo. La expresión plástica de que todas las fuerzas políticas están de acuerdo en la necesidad de aislar a HB "hasta que ETA deje de matar" o hasta que a coalición abertzale rompa amarras con el grupo terrorista. A propuesta del ministro, se iniciará el estudio de cuatro reformas legales para atacar con más eficacia a la violencia callejera y a los delitos conexos al terrorismo. No se habló ni de restaurar la pena de muerte ni del cumplimiento íntegro de las penas.

Dos horas después de, iniciada la reunión del Pacto de Madrid, en el Congreso, Mayor habló ante los periodistas en nombre de las fuerzas políticas que componen este foro. Tras resaltar el "esfuerzo impresionante de todos los españoles en contra del terrorismo a raiz del asesinato del concejal Miguel Angel Blanco, el ministro señaló que la ruptura con HB es "total y definitiva" por parte de todas las fuerzas democráticas. "Se ha confirmado que con Herri Batasuna no hay nada de que hablar ni dialogar y sólo el aislamiento político, de ese entorno es el camino que marcará la normalidad del País Vasco", dijo, en concordancia con la decisión tomada antes por el Pacto de Ajuria Enea.Mayor explicó que el esfuerzo de los ciudadanos ha llevado al Pacto de Madrid a adoptar "un calendario de medidas legales" en, la lucha contra el terrorismo desde la, "unidad" y "sin fisuras". No obstante, reconoció que "afortunadamente, la uniformidad no es total", sino que hay diferentes matices entre los diversos partidos.

Después de un debate, los partidos acordaron iniciar el estudio de un calendario para acometer diferentes reformas legislativas que ya estaban siendo debatidas por el Gobierno.

Violencia callejera

Mayor se negó a detallar en qué consistirían, estas reformas. Pero algunos de los diputados revelaron después que una de ellas supondría el establecimiento de juicios rápidos en la Audiencia Nacional para los alborotadores callejeros vinculados a ETA. Otra sería la tipificación delictiva de las denominadas contramanifestaciones. Las otras dos conllevarían la modificación del artículo 567 del Código Penal para tipificar mejor las amenazas, las coacciones, los estragos y otros "delitos conexos".Mayor y el socialista Juan Alberto Belloch eran partidarios de abordar el estudio inmediato de las reforma. Pero el resto de los grupos prefirieron aparcar esta cuestión para enfriar la situación actual, y no improvisar sobre aspectos que pueden afectar a los derechos cívicos.

Alguno de los asistentes aseguró al término de la reunión que ningún parlamentario había planteado el restablecimiento de la pena de muerte ni el cumplimiento íntegro de las penas por terrorismo. Tampoco se planteo la posibilidad de exhortar a los partidos democráticos que mantienen alianzas con HB en ayuntamientos vascos a que los rompan.

Jaime Mayor, inflexible partidario del aislamiento social y político de quienes apoyan y alientan a ETA, apeló en cambio a mantener los valores de, "moderación' serenidad y talante de entendimiento", sin que nadie caiga en la "radicalidad". El ministro recogía así, sin duda, la preocupación expresada por algunos partidos respecto a posibles "reacciones viscerales" en contra del entorno etarra.

En la reunión de ayer participaron el ministro y el secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, junto con los representantes del PP, PSOE, IU, Convergencia Democrática de Catalunya, Unió Democrática, PNV, Coalición Canaria, Unió Valenciana, Partido Aragonés Regionalista, UPN, Bloque Nacionalista Galego, ERC y Partido Independentista.