El largo viaje

Pocos días después de la liberación de Ortega Lara por la Guardia Civil y de la puesta en libertad de Cosme Delclaux, el trágico desenlace del secuestro de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua, pone otra vez en evidencia la teoría y la práctica de los derechos humanos que ETA aplica de forma implacable a sus víctimas. Cuando se trata de su propia suerte, en cambio, los terroristas no sólo se amparan bajo el escudo protector de los derechos fundamentales garantizados a todos (incluidos los asesinos) por la Constitución, sino que también manipulan torticeramente los intersticios normativos para utilizarlos fraudulentamente en su provecho. Mientras ETA retenía a Ortega Lara durante 532 días en un infierno a tres metros bajo tierra y disparaba contra el indefenso Miguel Ángel Blanco, un activista de HB (Mikel Otegi) acusado del asesinato a sangre fría y por la espalda de dos ertzainas en diciembre de 1995 aprovechaba un vacío legal para darse a la fuga nada más saber que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco había anulado el veredicto absolutorio dictado por un jurado el pasado mes de marzo.De nada ha servido la impresionante movilización de las fuerzas políticas democráticas y de la ciudadanía para impedir que ETA cumpliera sus amenazas. El obsceno contraste entre la fría negación por los verdugos de los derechos humanos de sus víctimas -del derecho a la vida y a la libertad de Miguel Ángel Blanco- y su ventajista invocación de los principios constitucionales para eludir la responsabilidad de sus crímenes no es la única manifestación de asimetría moral de la banda terrorista. Los aplausos con que un grupo radical distinguió hace unos días a los cuatro secuestradores de Ortega Lara a su llegada a la Audiencia Nacional y la cínica excusa dada por el abogado de Otegi (las bien ganadas vacaciones de un asesino absuelto) para justificar su incomparecencia ante el tribunal combinan de forma nauseabunda el ventajismo de la impunidad y el desprecio hacia la dignidad de las víctimas.

Como sucediera año y medio antes con el secuestro de Ortega Lara, la banda terrorista condicionó la liberación del concejal popular de Ermua a una drástica modificación del régimen penitenciario -esta vez, completa e inmediata- de los 500 activistas de ETA condenados por sentencia firme o en prisión provisional. El terrible final del secuestro de Miguel Ángel Blanco hace superflua la condena de esa innoble estrategia de extorsión que comercia con vidas humanas y que establece condiciones de imposible cumplimiento para no llevar a cabo sus amenazas. Pero cabe preguntarse, sin embargo, si la propuesta aprobada el pasado miércoles por la Comisión de Derechos Humanos de Vitoria, con el voto en contra de populares, socialistas y alavesistas, para elevar a instancias europeas el acercamiento de los reclusos de ETA al País Vasco habría podido estar justificada en el imaginario caso de no haber existido ese chantaje; la moción tuvo el apoyo de HB, que nunca ha censurado los atentados, secuestros y asesinatos de ETA, y el respaldo de los nacionalistas moderados (PNV y EA, socios en el Gobierno de Vitoria) y de la errática IU.

Es cierto que el internamiento de los presos de ETA en cárceles alejadas de su antiguo domicilio obliga a sus familiares a fatigosos viajes; no parece, sin embargo, que las instalaciones penitenciarias del País Vasco y de zonas limítrofes puedan reunir -ni hoy ni mañana- los requisitos de seguridad y de capacidad necesarios para ese acercamiento. También es verdad que la Ley Penitenciaria incluye el objetivo de que cada "área territorial" cuente con "el número suficiente" de establecimientos para "evitar el desarraigo social de los penados"; ahora bien, el verbo empleado por la norma ("se procurará") para fijar el cumplimiento de esa orientación programática demuestra que no se propuso establecer derechos individuales o colectivos a favor de los reclusos o de sus familiares.

Tal vez la estrategia de dispersión iniciada en 1989 por el Gobierno socialista (y respetada entonces por el PNV, aunque Arzalluz ahora lo niegue) para facilitar la puesta en libertad de los presos de ETA dispuestos a dejar las armas haya agotado su capacidad de producir efectos reinsertadores. Pero los procedimientos elegidos por la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco -presidida por un diputado del PNV- a fin de impulsar en Europa sus propuestas atentan contra la lealtad constitucional y la estabilidad democrática. Los intentos de llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para denunciar la negativa de la Administración central al acercamiento de todos los presos de ETA al País Vasco desprecia la distribución competencial del Estado de las autonomías (la legislación penitenciaria no corresponde al Parlamento vasco, sino a las Cortes Generales) y ofende al Estado democrático (acusado explícitamente de violar derechos humanos). El camino hacia Estrasburgo es inviable: ni el Parlamento de Vitoria está legitimado para acceder a las instancias judiciales del Consejo de Europa ni la proximidad de un preso a su entorno social forma parte de los listados de derechos humanos. El monstruoso corolario de la infundada pretensión, defendida por la impía alianza que vincula a HB con el PNV, EA e IU, sería una insultante equiparación de las penas de prisión dictadas por los tribunales de un Estado de derecho (donde ha sido abolida la pena de muerte) con los tiros en la cabeza del maniatado Miguel Ángel Blanco: es imposible sostener de buena fe que el alejamiento del domicilio materno de los presos terroristas debería ser juzgado por el Tribunal Europeo de Estrasburgo como una conculcación de esos mismos derechos humanos que los secuestradores y asesinos de la banda criminal pisotean a diario. Por muy fatigosos que resulten los traslados de los familiares a las cárceles donde los reclusos de ETA cumplen condena, la comparación con el largo viaje, emprendido ayer por Miguel Ángel Blanco (para utilizar el metafórico título del relato de Jorge Semprún sobre su deportación al campo nazi de Buchenwald) es una inhumama vileza que ningún defensor del Estado de derecho y de la democracia, nacionalista o no nacionalista, debería cometer.