Réplica
Les agradeceré publiquen esta contestación a un artículo publicado en EL PAÍS del pasado día 5 (Libreros en Internet).Quisiera en estos momentos hacer abstracción de mi condición de librero, y más aún de mi condición de presidente de CEGAL (Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros), que agrupa a casi 2.000 librerías de todo el Estado, pero sé que ello resultará imposible. Sí puedo comprometerme a ser honesto, aunque subjetivo. Y con esta premisa quiero exponer una panorámica general del marco estructural vigente en la comercialización del libro en España, y más en concreto contestar a algunos de los planteamientos, a mi entender sesgados, expuestos por Pedro Schwartz en el citado artículo.
Desgraciadamente, las opiniones que se están vertiendo sobre el marco legal de la comercialización del libro generalmente abundan en la parcialidad, cuando no en la arbitrariedad. Se enfoca un problema sin valorar toda su dimensión e incluso, y no es éste el caso, se llega a la descalificación personal. Se atacan públicamente la Ley del Libro de 1975 y el Decreto 484/1990, porque regulan los descuentos, pero no nos fijamos en qué sistema produce mejores precios en el mercado. A Schwartz le interesa comprar con descuento, pero parece que no le preocupa tanto comprar barato.
Afirma además que sólo puede comprar con descuento libros extranjeros, pero omite que no puede comprar en esas condiciones libros franceses, alemanes, italianos, etcétera, y en general de cualquier país europeo, a excepción de Inglaterra. También omite, o desconoce, que en Inglaterra el precio de los libros ha subido casi el triple que el IPC desde que hace año y medio se abolió el net book agreement que regulaba las condiciones de venta. Solamente se fija en el descuento, y no en el precio final. En este sentido tenemos muy reciente alguna experiencia europea en la que los libros acabaron vendiéndose en las gasolineras; eso sí, con grandes descuentos, pero no por ello más baratos.
También nos dice que "los poseedores de las grandes luces económicas" debieran fijarse alguna vez en la realidad, y tengo que decirle que en Europa la realidad es la existencia de una normativa reguladora con distinta flexibilidad, que va desde la rigidez del caso alemán hasta sistemas más flexibles, como el italiano. Solamente en Inglaterra (desde hace año y medio) y en Suecia (país que se nutre de la importación de libros) no es válida la norma general.
No se trata de que el legislador pregunte a las familias si quieren libros de texto con descuento o sin él, como tampoco se trataría de preguntarles si quieren transporte con descuento, o educación, o sanidad. Sí puede preguntarles si lo quieren seguro o deficiente, cara o barata, preventiva o solamente curativa. Las respuestas serían obvias, y el legislador lo sabe. No necesita preguntarlo. Pero el modelo lo deberá definir él. Yo creo que Schwartz debiera habernos confesado desde el principio su falta de imparcialidad, y en su caso tan manifiesta como en el mío; y creo que su planteamiento no es exclusivo de él, está en la calle. Pero me entristece que desde dentro del libro se expresen públicamente opiniones contrarias a su defensa basándose en una deficiente información-
