Pujol defiende la rebaja de la ley del catalán en aras del consenso social

Las reacciones provocadas por la renuncia de Convergència i Unió (CiU) a imponer el uso del catalán en el comercio colocaron ayer de nuevo a Jordi Pujol en el centro del espectro -político catalán como ejemplo de moderación. Por un lado, los independentistas de ERC le acusaron de "bajarse los pantalones". Por otro, el Partido Popular (PP) sigue considerando excesivo que el proyecto de nueva legislación en materia lingüística incluya la obligación de los comercios de atender a los clientes sea cual sea la lengua que hablen. La posición inicial de CiU obligaba a atender y a corresponder en la lengua del cliente. Pujol defendió la rebaja alegando que la nueva ley "debe poder ser asumida por los seis millones de catalanes".La renuncia a incluir en este proyecto lo que se ha. definido como principio de disponibilidad fue pactada por los convergentes y los socialistas catalanes tras una serie de contactos en los que han participado Narcís Serra y el propio Pujol. El presidente defendió ayer este pacto. Una ley sobre algo tan sensible como es el uso social de las lenguas, dijo, debe promover en este caso un avance en la situación del idioma catalán, porque es de justicia, pero "debe acompasarse a la capacidad de aceptación por todo el cuerpo social".

Pujol admitió que pueda haber sectores que se sientan decepcionados por las expectativas levantadas en los sectores nacionalistas, pero podemos dejar fuera a millón de personas". Lo más destacable del caso es que, esas expectativas fueron provocadas por el propio Gobierno de CiU al, incluir en su primera propuesta para ésa ley la idea de que los comercios deberían estar en disposición de atender no sólo sea cual sea la lengua que utilice el cliente, sino en esa lengua.

Esa es la renuncia que ahora ha hecho CiU. "Sabíamos que llegaría un momento en que habría que hacer lo necesario para conseguir una ley aceptable para todos, y este momento ha llegado", afirmó.

Rechazo de PP, ERC y Pl

Tanto Josep Lluís Carod como Angel Colom, líderes de ERC y del Partit per la Independència, respectivamente, explicaron ayer que la posición adoptada por CiU y PSC les hace "muy difícil" aceptar la nueva ley. Carod señaló, en declaraciones a Catalunya Ràdio, que es "francamente insólito, incomprensible e intolerable, desde todos los puntos de vista que en Cataluña nadie tenga el derecho a ser correspondido en la lengua propia de Cataluña, y, por tanto, es un paso atrás". "Sólo podemos entenderlo como una noticia enormemente negativa", añadió.El diputado del PP Josep Curto rechazó el acuerdo alcanzado por CiU y el PSC alegando que "enmascara el principio de disponibilidad lingüística" porque obligará a los comercios a tener personal que "entienda el catalán" y a utilizarlo a las empresas privadas y públicas que realizan servicios públicos.