La Cámara vasca llevará a Estrasburgo su rechazo a la dispersión de presos

La Comisión de Derechos humanos del Parlamento vasco aprobó ayer acudir en septiembre a su homóloga del Consejo de Europa para plantear sus quejas contra la dispersión de los reclusos de ETA. Tanto la Comisión de Derechos Humanos vasca como la propia Cámara autónoma carecen de competencia para denunciar la política penitenciaria del Gobierno. Tendrán que recurrir a un grupo de abogados, a una organización no gubernamental o solicitar entrevistas con las autoridades más representativas de esas instancias europeas para que prospere su denuncia.

Las dificultades técnicas y jurídicas para acudir al Tribunal de Estrasburgo, como es la intención final de la comisión vasca, ha obligado a utilizar una vía indirecta de acceso a ese órgano. El presidente de la comisión parlamentaria, José Antonio Rubalcaba (PNV), no quiso dar detalles de los trámites a seguir. "Vamos a preparar la documentación para que la instancia europea a la que recurramos se defina sobre la política de Mayor Oreja", se limitó a señalar.El filtro para presentar una denuncia ante el Tribunal de Estrasburgo es la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa. La intención del Parlamento es acceder a esta instancia, pero no puede hacerlo porque la Comisión sólo reconoce el derecho de demanda a la persona física, organización no gubernamental o grupo de personas que se considere víctima de la vulneración de sus derechos fundamentales. Por tanto, el Parlamento vasco no puede denunciar la vulneración sufrida por un tercero. Lo que sí puede hacer es programar una entrevista con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa y plantearle su queja.

El acuerdo concreto de la ponencia, que será trasladado mañana a la Comisión vasca de Derechos Humanos -donde contará con la oposición de PP, PSE-PSOE y UA, y con el apoyo de PNV, EA, IU y HB-, se limita a decir que se van a iniciar los trámites: "Ante la postura del ministro y del presidente del Gobierno español de no atender el plan de acercamiento [de presos], la Comisión acuerda iniciar los trámites oportunos a efectos de plantear la política penitenciaria ante las instancias europeas pertinentes".

El Partido Nacionalista Vasco, Herri Batasuna, Eusko Alkartasuna e IU integran la ponencia que elaboró el plan de acercamiento de los presos vascos a las cárceles de Euskadi y de las comunidades limítrofes. Unidad Alavesa se desmarcó de los trabajos hace unos meses por entender que la ponencia estaba siendo instrumentalizada por HB, mientras que el PP y los socialistas vascos se negaron a participar desde el principio.

La ponencia ha esperado a tener en su poder la respuesta del Ministerio del Interior a su plan de acercamiento para volver su mirada hacia Europa. El ministerio que dirige Mayor rechazó el plan elaborado por el Parlamento vasco por considerar que las leyes "orientan, pero no obligan" a instalar a los presos en cárceles próximas a sus lugares de origen. Según Interior, los argumentos de la Cámara de Vitoria son "interesados y no conformes con el verdadero sentido" de la ley.

El secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, no comparte la decisión de la cámara vasca. "El PSOE no es partidario de someter a consideración de la Corte de Justicia nuestra política penitenciaria". El líder del PSOE hizo esta declaración tras la reunión de la ejecutiva federal. "Las autoridades penitenciarias lo que hacen, lo hacen bien", zanjó.