Medio Ambiente acusa a Aceites Ecológicos de verter sustancias peligrosas al alcantarillado

La empresa Aceites Ecológicos, ubicada en Arganda, vertió sustancias prohibidas a la red de desagües, según las conclusiones de un expediente realizado por la Condejería de Medio Ambiente. El informe oficial señala que la industria, dedicada al reciclaje de aceites industriales, ocultó datos a la Comunidad con el fin de conseguir del Canal de Isabel II los permisos necesarios para verter a la red pública. El gerente de Aceites Ecológicos murió asfixiado el pasado 31 de mayo cuando revisaba una alcantarilla próxima a la fábrica. La Comunidad la cerró al día siguiente.

Dos días después de fallecer Francisco de las Heras, gerente de Aceites Ecológicos, la Comunidad abrió un expediente para determinar si la industria cumplía la normativa medioambiental vigente. El expediente ya está concluido y certifica que la industria dejó correr por la red de alcantarillado público benceno, etil-benceno, tolueno, tricoloroetileno, cianuros, sulfuros, cloruros y cloruro de metileno. El informe de Medio Ambiente explica: "Todos estos compuestos se encuentran prohibidos o superando los valores establecidos como máximos según la Ley 10/93 [norma que regula el vertido de líquidos industriales]".

Garantías legales

La consejería, tras la muerte del ejecutivo, ordenó el cierre cautelar de la industria hasta que estuviese resuelto el informe técnico. Ahora, el estudio oficial mantiene la suspensión de la actividad con el objeto de asegurar que ésta se desarrolle con todas las garantías legales y sin riesgos para el medio ambiente y la salud humana".Para devolver el permiso de actividad, Medio Ambiente exige a Aceites Ecológicos que establezca un plan de eliminación de líquidos "que no implique su vertido al sistema integral de saneamiento" y un sistema de tratamiento que reduzca la carga contaminante" de los líquidos que salen de la empresa.La Comunidad termina su informe al afirmar que Aceites Ecológicos no presentó la documentación de gestor de residuos tóxicos y peligrosos entre febrero y marzo de 1997, tal y como exige la ley.

La Plataforma Ecológica de La Poveda, entidad formada por vecinos del barrio de Arganda donde se levanta la industria, llevaba tiempo denunciando la supuesta peligrosida de la empresa. Los vecinos se quejaban de que sus vertidos iban directamente a la red general de alcantarillado y les atribuían los fuertes olores que habitualmente había en sus viviendas. El Ayuntamiento denunció a la empresa en los tribunales.

En marzo, la consejería denegó a la industria el vertido a la red general de las llamadas aguas de proceso (las que podían causar los malos olores) y la obligó a llevarlas directamente, a través de un tubo de un kilómetro y medio de longitud, hasta una depuradora. Una comisión judicial halló en junio irregularidades en la fábrica. Entre otras, carecía de licencia de vertidos y almacenaba ilegalmente más de 24.000 litros de residuos tóxicos peligrosos.