Los promotores deberán urbanizar el suelo que cedan a los municipios

Los promotores inmobiliarios que trabajen en la región tendrán que ceder a los ayuntamientos un 10% del suelo que. quieran construir, según el nuevo texto de la Ley del Suelo regional. Hasta ahora estaban obligados a ceder un 15%. Sin embargo, no tienen por qué salir ganando con el cambio. La Comisión de Urbanismo de la Asamblea acordó ayer, con los votos a favor del PP y PSOE, que el terreno que reciban los municipios deberá estar perfectamente urbanizado. El pleno debe ratificarlo.

Ésta es una de las más espectaculares modificaciones que prevé la futura Ley Regional del Suelo, un texto que, aunque fue aprobado sólo hace dos años con la aquiescericia de todos los grupos políticos, ahora tendrá que Ser modificada sustancialmente. ¿La causa? Una sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mes de marzo que declaraba insconstucionales 185 de los 310 artículos de la Ley Nacional del Suelo en vigor, sobre la que se sustentaba la regional.En resumen, la sentencia, del Constitucional arrebata gran cantidad de competencias al Estado y se las da a las comunidades autónomas.

El Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón se precipitó a recoger entonces las competencias que el Tribunal Constitucional le ponía en bandeja. Anunció una reforma urgente de la Ley del Suelo y envió un proyecto a la Asamblea de Madrid para su debate.

Ayer, la Comisión de Urbanismo se reunió para consensuar las enmiendas que los grupos políticos iban a presentar al proyecto del Gobierno regional. En total se presentarán unas cincuenta., consensuadas entre PP y PSOE. Izquierda Unida no logró introducir ninguna de su propia iniciativa.

De todas ellas, destacan dos: la cesión del 10% del suelo anteriormente mencionada y que los planes urbanísticos aprobados ya por el municipio pero todavía no por la Comunidad se sigan ajustando a la antigua legislación, y no a la que prepara la Asamblea.

José Martín Crespo, portavoz del PP en la Comisión de Urbanismo, declaró al término de la reunión: "Hemos llegado a un consenso en temas de calado. Hemos aceptado la mitad de las enmiendas del PSOE y hemos dejado la puerta abierta para doce de las que ellos han mantenido". Con estas palabras quiso decir que, aunque en algunos puntos no se logró ayer el acuerdo entre ambos partidos, el grupo parlamentario del PP está dispuesto a seguir dialogando antes y durante la celebración del pleno de la Asamblea del próximo día 10.

Muy grave

Fernando Abad, portavoz de urbanismo del PSOE, pidió que "el PP rectifique algunas cosas". Los socialistas consideran "muy grave" que se elimine la posibilidad que hasta ahora tienen los ayuntamientos de sancionar a los promotores inmobiliarios que no cumplan con sus obligaciones.Abad recordó ayer que el acuerdo con el PP incluye el hecho de que se recoja en la ley que los promotores que hayan firmado cesiones de terreno superiores al 10% "respeten el acuerdo". Y puso el siguiente ejemplo: "Si un convenio urbanístico entre un promotor y un Ayuntamiento sella la cesión de un 20% de terrenos, esta ley no puede permitir que ahora el promotor se acoja a ella para ceder sólo un l0%".

Por su parte, el diputado del grupo parlamentario de IU, Adolfo Gilaberte, cuyo grupo, se mostró muy crítico con los acuerdos logrados ayer en la Comisión de Urbanismo, afirmó: "Esto de los convenios firmados antes de que entre vigor la ley va a traer cola. Seguramente, si alguien firma la cesión de un 15% y no quiere cumplirlo, podrá acudir a los jueces. No estoy muy convencido de que no se salga con la suya", señaló.

Las valoraciones que cada uno de los tres grupos de la Asamblea hizo de la futura Ley del Suelo fueron muy dispares. Izquierda Unida calificó la norma de "retrógrada, reaccionaria y que no mejora nada". Según la coalición, la región puede convertirse en el imperio de la especulación y devuelve al mercado duro y puro toda la función urbanística que constitucionalmente deben cumplir las administraciones públicas". El PSOE habló de "ley sensata y concreta", aunque quedan "aspectos por resolver". El PP, en cambio, se refirió a la norma regional como "buena", ya que evita los "efectos perniciosos con que fueron iniciados algunos planes urbanos".