España se suma al tratado para la prohibición total de minas antípersonales

España se sumó ayer con su firma al tratado que prohibirá totalmente el uso de las minas antipersonales a partir de diciembre. Durante una conferencia que se celebra en Bruselas y que reúne a más de 160 países y diversas organizaciones, España se convirtió en el decimotercer miembro de la Unión Europea que se compromete a través de la Declaración de Bruselas a no producir, almacenar, usar o comerciar con minas antipersonales desde finales de este año. Son ya 62 países los que han suscrito el tratado y, cuando termine 1997 y se adopte definitivamente el Tratado en Ottawa (Canadá), sumarán 115.España ha firmado esta declaración junto con Alemania, Reino Unido, Portugal y Dinamarca. El. martes lo hicieron Francia, Italia, Austria, Bélgica, Irlanda, Holanda y Luxemburgo. La voluntad de Suecia de hacer lo mismo no se pone en duda. De los Quince, sólo Finlandia y Grecia, cuyas fronteras respectivas con Rusia y Turquía se encuentran minadas, son reticentes a sumarse a la iniciativa canadiense.

"Éste es sólo el segundo día de la conferencia, y llevamos 62 países. Es un buen indicativo del éxito que tendremos al final", declaró un diplomático. Rusia y

China, los principales productores de minas antipersonales, no han acudido a Bruselas.

La campaña a favor de la prohibición de estas mortíferas armas que provocan 25.000 muertes al año ha contado desde el principio con una figura estrella, la princesa Diana de Gales, cuya implicación ha levantado polémica en el Reino Unido. La princesa optó a última hora de ayer por cancelar su asistencia a una reunión del comité contra las minas antipersonales que se celébraba en la Cámara de los Comunes, debido a las críticas suscitadas en sectores parlamentarios conservadores.

Diana de Gales había aceptado una invitación de los activistas que iban a reunirse en el Parlamento a iniciativa del ex corresponsal de guerra de la BBC y diputado por Tatton, Martin Bell. Su asistencia disgustó a varios parlamentarios conservadores que consideran inapropiado que un miembro de la familia real británica adquiera de improviso un perfil político. En un comunicado oficial, la princesa manifestó ayer que su asistencia al encuentro era "insostenible" a la vista de la "dimensión política" añadida al acto.