El coste de la salud

EL PROBLEMA de su financiación no es el único que afecta a la sanidad española, pero es un considerable problema. Ya en 1994 hubo que tapar un agujero acumulado de un billón de pesetas. Ahora, el ministerio ha anunciado un aumento presupuestario de 320.000 millones de pesetas. Ya estaba en vigor un acuerdo desde 1994 que garantizaba el crecimiento del presupuesto sanitario en la misma medida que lo hiciera el PIB nominal. La aportación adicional es, por tanto, de 120.000 millones de pesetas en tres años, es decir, 40.000 anuales.Su insuficiencia es manifiesta. En Cataluña, el departamento admite un déficit en 1996 de 96.000 millones de pesetas, a los que habría que añadir la financiación de una deuda acumulada de unos 120.000 millones. En Andalucía, el déficit admitido, muy inferior al real, según el PP, es de 80.000 millones. Ello significa que el aumento de financiación prometido por el Gobierno ni siquiera alcanzará para cubrir la desviación anual de esas dos comunidades, que absorben más de un terció del presupuesto sanitario total.

Ese presupuesto debe incrementarse. España todavía está por debajo de los países de su entorno en cuanto a la proporción del PIB que destina a Sanidad. Ese aumento es necesario, no sólo porque el presupuesto actual se ha revelado insuficiente, sino porque cualquier reforma que se pretenda abordar requiere en sus inicios una inversión cuya rentabilidad no comenzará a notarse hasta unos años después de aplicarse. Si la mejora de la, situación económica española se consolida, si aumentan los ingresos del Estado y se reducen las cargas de la deuda, no parece descabellado defender que una parte de esa mejora se destine a uno de los sectores que más contribuyen a la cohesión social y a la redistribución de la riqueza. Si España va bien, que vaya también mejor su sanidad.

Pero no se trata sólo de poner más dinero, sino de gastarlo mejor. Aumentar el presupuesto sin abordar las reformas estructurales necesarias sólo contribuiría a crear las condiciones de su futuro estrangulamiento. Aunque España se equipare a los países de su entorno, los recursos siempre serán limitados en relación a la demanda potencial.

Por eso, ahora más que nunca hay que recordar a los gobernantes que el comportamiento exigible en esta situación es obtener el máximo provecho posible de los recursos disponibles. Y para ello es preciso introducir reformas en el, sistema, incluso si hacerlo afecta a intereses creados o a expectativas de beneficio que no se justifican desde el punto de vista del interés social. Esa reforma deberá recoger también criterios más ajustados respecto a la distribución del presupuesto entre las comunidades con la competencia de Sanidad ya transferida. El criterio de la población potencialmente atendida debe completarse con el del porcentaje de ancianos y el del número de enfermos transeúntes: los que acuden de otras comunidades a un determinado hospital por su especialización o prestigio, etcétera. También con el criterio de las unidades docentes existentes en cada comunidad. En cambio, no podrá ser un argumento la existencia de sueldos superiores a los establecidos en el resto del territorio.

El documento aportado por el PP a la subcomisión del Congreso de los Diputados encargada de estudiar la reforma sanitaria contiene algunas propuestas interesantes, especialmente en el ámbito de la farmacia, sobre las que existe amplio consenso. La potenciación de los genéricos y la introducción de precios de referencia en los medicamentos, de modo que la Seguridad Social abone el más barato de entre los de igual eficacia, son medidas adecuadas que ya deberían estar en vigor. Fuera de esto, el documento no pasa de ser una mera declaración de intenciones, tan genérica en la mayoría de los apartados que puede dar lugar a cualquier tipo de política.