Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Tribuna:

Amsterdam: democracia y eficacia

Los jefes de Estado y de Gobierno de los 15 países miembros de la Unión Europea (UE) van a reunirse en Amsterdam para intentar dar un nuevo paso adelante. Un paso que todavía no sabemos si va a ser grande o pequeño, ni aun siquiera si será en la buena dirección. Tampoco sabemos a ciencia cierta si va a producirse en Amsterdam, o habrá que esperar algún tiempo más.El proceso de integración europea ha pasado en diversas ocasiones por momentos clave en los que las decisiones a tomar podían afectar positiva o negativamente al conjunto de los ciudadanos de la Unión Europea. Esta vez nos hallamos ante una verdadera encrucijada en la que sólo un camino es el bueno y varios, en cambio, pueden conducirnos a un destino equivocado. La complejidad que ha alcanzado el funcionamiento de las instituciones y políticas comunitarias, el desapego que esta situación produce en muchos ciudadanos y la obligación de afrontar con garantías de éxito la ampliación al Este son las tres circunstancias que nos obligan a elegir de una vez por todas el modelo de Europa del que queremos disponer a principios del siglo XXI.

Hasta ahora hemos podido ir trampeando la situación, adaptando mal que bien a las sucesivas ampliaciones las estructuras de una Comunidad concebida para un reducido grupo de países. Pero ya no es posible añadir otro parche a nuestro ya remendado traje. Ha llegado la hora de dar un salto cualitativo que transforme la Unión Europea en algo mucho más cercano a los ciudadanos, más sencillo de entender y, por ende, más fácil de controlar. Una Unión Europea en la que la gente sepa por fin quién toma las decisiones, quién las ejecuta y quién ejerce el imprescindible control democrático.

Conseguirlo no va a ser nada fácil. Lo demuestra la exasperante lentitud con la que se han ido desarrollando los trabajos de la Conferencia Intergubernamental (CIG), en la que durante meses se han bordeado los problemas sin llegar a afrontarlos directamente. Las elecciones en varios Estados miembros no han hecho sino añadir incertidumbres a este largo proceso negociador.

El Parlamento Europeo lanzó un claro mensaje a los miembros del Consejo Europeo al aprobar el pasado 29 de mayo la lista de nuestras 10 prioridades ante la cumbre de Amsterdam. Una rápida lectura de las mismas pone de relieve que no las hemos fijado pensando en nuestros propios intereses, sino buscando un beneficio claro y directo para todos los ciudadanos. Es algo que subrayé muy particularmente cuando intervine ante los líderes de los 15 Estados miembros en el Consejo Europeo de Noordwijk y que volveré a hacer en Amsterdam, así como cuantas veces sea necesario. Al Parlamento que presido le corresponde defender los intereses generales de todos los europeos, buscando y proponiendo soluciones que faciliten el trabajo en común.

Nos hemos fijado cuatro objetivos principales: convertir la Unión en una auténtica Europa de los ciudadanos, prepararla para la ampliación, reforzar la democracia parlamentaria y fomentar la paz y la estabilidad. La ampliación a los países de Europa central y oriental es importantísima, pero nunca llegaría a buen puerto sin una previa adaptación de la actual Unión Europea a las exigencias, cada vez más audibles, de sus ciudadanos. ¿De qué les serviría a los nuevos Estados miembros ingresar en una Unión inoperante y confusa?

Los ciudadanos sólo apoyarán el proyecto europeo si ven su utilidad práctica y pueden entenderlo. Lo primero exige incorporar al nuevo tratado instrumentos útiles para afrontar los problemas que preocupan al europeo de a pie: el desempleo, la inseguridad, la salud pública, la protección del medio ambiente o la del consumidor son seguramente los principales. Lo segundo supone mejorar los procedimientos de decisión, democratizarlos y facilitar al mismo tiempo el acceso de los ciudadanos a la información.

Necesitamos una Unión más eficaz y a la vez más democrática, en la que un número cada vez mayor de decisiones se tome por mayoría para evitar que uno solo de los Estados miembros pueda bloquearlas indefinidamente. Nuestra Unión Europea no puede permitirse el lujo de no tomar decisiones con la misma rapidez y agilidad que nuestros competidores a nivel mundial. La experiencia indica, además, que la posibilidad de decidir por mayoría empuja a los Gobiernos a buscar el consenso y permite que muchas decisiones se tomen sin necesidad siquiera de votar.

Esa mayor eficacia en las decisiones debe ir acompañada del imprescindible control democrático. Un control que corresponde ejercer al Parlamento Europeo, del mismo modo que a cada Gobierno nacional le controla su respectivo Parlamento. La Eurocámara ha demostrado hace poco, con motivo del grave problema de las vacas locas, que sabe ejercer ese control en beneficio de los ciudadanos. Ahora pide que se amplíe su poder de aprobar leyes en igualdad con el Consejo, para evitar a tiempo que problemas como ése puedan volver a producirse.

Democracia y eficacia también deben estar presentes en la política exterior y de seguridad de la UE. Hasta ahora no hemos tenido ni una ni otra. ¿Cuál ha sido el resultado de esta doble carencia? Que, a pesar de que Europa gasta grandes sumas en cooperación internacional y ayuda humanitaria, ese enorme esfuerzo no sirve todo lo que haría falta para lograr la paz y la estabilidad. Bosnia ha herido e indignado la sensibilidad de muchos europeos. Ahora tenemos la ocasión de hacer lo que no se hizo en Maastricht, dando a la Unión los medios necesarios para evitar que esa tragedia se repita. El Parlamento Europeo ha presentado a la Conferencia Intergubernamental propuestas prudentes y meditadas para lograr ese objetivo.

Una última cuestión: la misma transparencia que el Parlamento pide en los asuntos comunitarios se la exige también a sí mismo. Por ello ha iniciado ya una completa revisión de las normas de acceso a sus documentos y ha pedido a la CIG que abra la puerta a la aprobación de un estatuto único para todos los parlamentarios que ponga fin a la absurda situación de que a diputados que ejercen las mismas Funciones les correspondan deberes y derechos diferentes. Es una reivindicación tan evidente que sorprende pensar que hasta hoy no se hubiera planteado. No pedimos privilegios. Todo lo que queremos es transparencia e igualdad.

El próximo 16 de junio volveré a recordar a los miembros del Consejo Europeo que el objetivo común de todas estas reivindicaciones no es otro que responder correctamente a las exigencias de los europeos. Acabamos de celebrar el 40º aniversario de la firma del Tratado de Roma, que al instituir la Comunidad Económica Europea (CEE) dio paso al más largo periodo de paz, estabilidad y progreso de la historia reciente de buena parte del continente europeo. Tenemos la doble obligación de legarlo a las generaciones venideras y de permitir que también puedan disfrutar de él los ciudadanos e aquellos países que durante tantos años vivieron detrás del telón de acero. Son europeos como nosotros, y con nosotros deben estar.

José María Gil-Robles es presidente del Parlamento Europeo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 14 de junio de 1997