España bloqueará la reforma del voto en el Consejo si no se atienden sus exigencias

España está decidida a utilizar el derecho de veto si no obtiene un acuerdo satisfactorio en la reponderación del voto en el Consejo de Ministros. El Gobierno español, en cambio, ha llegado a la conclusión de que no llegará hasta el final si no logra cubrir todos sus objetivos en otras materias planteadas en la reforma del Tratado de Maastricht, como la regulación del asilo político o el estatuto de las islas Canarias.

El tema de los votos se ha convertido en el eje de la reforma para España, según admitieron fuentes diplomáticas. De hecho, es ya el único aspecto que puede incitar a José María Aznar a utilizar el derecho de veto. España, que ha formado frente común con Francia y el Reino Unido y en menor medida con Alemania e Italia, exige que la ponderación de votos en el Consejo de Ministros tenga más en cuenta el factor población.El actual reparto de votos ya supone una ruptura del equilibrio que existía antes de la última ampliación de la UE. Ese desequilibrio se aumentaría claramente en el futuro, cuando la Unión pueda ampliarse a corto y medio plazo con sólo un país poblado (Polonia) y muchos países pequeños (la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Chipre, Bulgaria, Rumania, las repúblicas bálticas o los de la ex Yugoslavia).

Menos beligerante parece la posición española ante la posibilidad de que fracasen las otras reivindicaciones fuertes. Una de las principales preocupaciones de los negociadores españoles es el reconocimiento de la especificidad de las islas Canarias. La última propuesta de la presidencia holandesa supone un claro retroceso respecto a la que figuraba en el anteproyecto de tratado presentado días atrás en Luxemburgo. Pero, en cualquier caso, es un reconocimiento de la especificidad de la economía canaria, sujeta a factores condicionantes como la insularidad, la lejanía o la adversidad del clima en determinadas islas.

Los negociadores españoles no han ocultado su disgusto por las modificaciones introducidas por la presidencia en esta materia. Primero, porque rebajan su valor jurídico al convertir en mera declaración lo que iba a ser un protocolo del tratado. En segundo lugar, porque da satisfacción a Francia, en contra de los intereses de España y Portugal, en aspectos clave.

Respecto a este asunto, el Gobierno de Canarias considera inaceptable el último borrador en lo que afecta al estatuto permanente para las regiones ultraperiféricas propuesto por España, informa César Fernández Trujillo desde Tenerife. El portavoz del Ejecutivo regional, Esteban Morales, anunció que el Gabinete que preside el nacionalista Manuel Hermoso exigirá a José María Aznar que "ponga toda la carne en el asador", porque el actual texto no recoge ninguna de las peculiaridades de Canarias y, por tanto, sería inservible para el archipiélago.

Mejores perspectivas tiene la cuestión del asilo. El proyecto de tratado recoge al pie de la letra la formulación expresada en el anteproyecto. Los negociadores españoles se dan por satisfechos con esa redacción. Entienden que, aunque la concesión del asilo sigue siendo potestad de cada Estado de forma unilateral con el único requisito de informar al Consejo de Ministros comunitario y considerar de entrada que la demanda de asilo es infundada, dan gran importancia al hecho de que, precisamente porque depende del Estado, el papel de los jueces quedará a partir de ahora muy disminuido.

A pesar del optimismo español, todavía hay varios países que no aceptan ni siquiera esa fórmula. Los holandeses son muy contrarios a limitar el derecho de asilo, pero el hecho de ostentar la presidencia les resta capacidad de maniobra: no quieren arriesgar el éxito de la cumbre de Amsterdam por un tema que consideran de importancia menor.

Pero todo indica que el éxito de Amsterdam no va a depender del derecho de asilo. Abel Matutes ha reconocido estos días que Madrid prefiere retirar sus reivindicaciones sobre esta materia antes que admitir una rebaja de la última propuesta holandesa.

Eso es tanto como decir que España no recurrirá al derecho de veto para imponer una reivindicación ya de por sí muy disminuida. El líder de la oposición, Felipe González, ya echó un capote al Gobierno al adelantar durante el debate sobre el estado de la nación que no criticará el resultado de la CIG en materia de asilo sea cual sea el resultado final. La eliminación del asilo político entre los nacionales comunitarios fue una reivindicación lanzada por España durante la gestión socialista. Los populares mantuvieron encendida esa mecha, a pesar de que hubo una oportunidad de oro para renunciar a un objetivo que ha resultado quimérico: el acuerdo de extradición alcanzado en la cumbre de Florencia.

A pesar de aquel acuerdo, que venía a solucionar prácticamente todos los problemas desencadenados en esta materia desde que dos presuntos colaboradores de ETA pidieron asilo político en Bélgica en el verano de 1993, el PP mantuvo la exigencia de la supresión de ese derecho. La reivindicación española chocó pronto con la tradición de tierra de asilo de varios Estados miembros y, sobre todo, con la enorme presión en contra lanzada desde dos organismos con gran predicamento entre la opinión pública: Amnistía Internacional y ACNUR, la oficina de la ONU para los refugiados.