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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Robin Hood al revés

LO MALO de tener una idea es tener sólo una idea. La ministra Aguirre está tan convencida de la superioridad de la iniciativa privada sobre la pública que aplica ese descubrimiento a machamartillo. El Defensor del Pueblo, en su informe correspondiente a 1996, conocido ayer, lamenta los recortes presupuestarios que han afectado al ámbito de la educación y advierte que "sería desleal para la enseñanza pública hacerla competir con la privada estando sometida a restricciones presupuestarias que ésta no padece o puede paliar de algún modo".Desde luego, es una desgracia para la enseñanza pública tener una ministra que no cree en ella. Esperanza Aguirre no ha dejado de martillear en público sobre algunos de los síntomas de mal funcionamiento del sistema educativo. Algunas de sus críticas son razonables, aunque con el tiempo deberían empezar a tener cierto aire de autocrítica. Pero las expresa con tal fruición que muchos ciudadanos se preguntan si su verdadero objetivo es mejorar la enseñanza pública o simplemente desacreditarla y, de camino, derrotar a sus antecesores.

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Mientras bombardea con estos síntomas públicos y escatima algunas soluciones -en particular, las que tienen reflejo en los Presupuestos del Estado-, Aguirre emite claros signos privados. Ya ha acreditado sobradamente que no tiene miedo a la palabra privatizar y que a liberal no hay quien le gane (léase su sectario -por fundamentalista- discurso en el Club Siglo XXI a finales del mes pasado). Cabe pedirle que como ministra de Educación lo sea un poco menos. La decisión del ministerio de conceder dinero público a 34 colegios privados, que de esta forma pasarán a ser concertados el curso que viene, es discriminatoria: allá donde la demografía flojea se cierran aulas públicas y se financian las privadas. No hay por qué resistirse a una reestructuración razonable de la red pública, pero la demografía debería afectar igualmente a ambas redes. Además, algunos de los nuevos conciertos se han aprobado incluso contra el criterio de los representantes de la Administración.

Con todas las excepciones que quepa hacer, muchos de esos nuevos colegios concertados se habían resistido a ponerse a refugio del Estado hasta que las cosas se han puesto difíciles. Ahora llaman a la puerta y se les recibe con los brazos abiertos. El problema es que con los impuestos de muchas familias no pudientes se financiará la educación de algunas familias acomodadas. Y eso es redistribución, pero a la inversa. Resulta, además, que en muchos de estos centros es normal la doble financiación: colegio gratuito y altísimas cuotas por actividades complementarias, que aportan valor añadido y calidad al centro. Al final son colegios privados financiados parcialmente por el Estado. Y no deja de llamar la atención que con impuestos se pague la educación separada para niños y niñas, como es el caso de ocho de los nuevos colegios concertados. Los ocho son de la sociedad pedagógica Fomento, vinculada al Opus Dei.

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