El cupo

La renovación del Concierto y el Cupo, acordada entre populares y nacionalistas y que en breve se someterá a las Cortes, era y es una exigencia histórica y una necesidad presente, pero, desgraciadamente, los políticos y los informadores han hecho todo lo posible para que el ciudadano medio no lo pueda entender así. Tal vez, a la corta, ello se explica en una estrategia de partido capaz de perjudicar al PSOE en Euskadi, pero, a más largo plazo, es posible que sea mala para todos, y no estaría de más tratar de remediarlo si aún es tiempo de ello.Los argumentos en pro y en contra de la congelación del Cupo, por ejemplo, no convencen porque resbalan sobre la cuestión fundamental. Máxime cuando son esgrimidos con fervor por sus antiguos detractores para convencer a quienes, hasta hace un año, enardecieron en sentido exactamente contrario. Sin duda, es importante la supuesta "neutralidad" de la fórmula recientemente acordada, esgrimida por los populares, la solidaridad interterritorial invocada por los socialistas y el índice de presión fiscal alegado por los nacionalistas. Pero la realidad es mucho más honda y hay que comprenderla para aceptarla. El sistema de Concierto expresa un hecho diferencial en nuestro cuerpo político, incompatible con su homogeneidad, pero integrable en su complejidad.

El sistema de Concierto sólo puede ser entendido correctamente si se le concibe no sólo como un sistema más o menos eficaz de gestión tributaria y de articulación de la hacienda sobre el principio de autonomía, sino como la consecuencia jurídico-fiscal de un hecho político previo: la existencia de una personalidad política diferenciada, el Pueblo Vasco. Su raíz está ahí y su constitucionalidad esencial no es otra que el respeto y amparo que la Norma Fundamental da en su Adicional Primera a esa realidad preconstitucional que es la magnitud existencial de un pueblo distinto.

Esa es la verdadera naturaleza del Concierto y del Cupo, aunque se incoe por la tozudez de unos negociadores al amparo de una norma dictada con muy distinta finalidad, como ocurrió en 1878, o se consiga por otros, aún más hábiles, al hilo de una negociación presupuestaria, como ha ocurrido hace sólo unos meses. La aparente debilidad de la génesis no debe afectar a la calidad del resultado. Por eso, la Adicional Primera de la Constitución y lo que, como el sistema de Concierto, de ella deriva, atañe a la concepción toda del Estado y que la actualización de los Derechos Históricos, caso del Concierto, sea una verdadera tarea de Estado que excede a cualquier política de gobierno, a cualquier estrategia de partido y a cualquier coyuntura parlamentaria.

Por eso, la prudencia política aconsejaría que cuando, como felizmente ocurre ahora, hay firmes bases constitucionales para la renovación del Concierto -y del Cupo, esta revistiera la forma que su entidad de Pacto de Estado requiere, implicando desde el principio, activa y positivamente, a todas las fuerzas políticas presentes en las Cortes, sacando el tema de la polémica entre los partidos y poniéndolo al amparo de las más altas instituciones del Estado que, precisamente, para eso sirven.

La pedagogía de la comprensión que necesitan las relaciones de Euskadi con el resto de España, hubiera salido beneficiada evitando peligrosos mimentismos y formaciones reactivas en la opinión. Porque habría que substituir el reproche mutuo por la común explicación de lo que es la excepcionalidad foral vasca. No es un privilegio que penda de la fuerza política de los negociadores, sino el tratamiento singular de lo que ha sido y es diferente. No es una cuestión de poder sino de razón, que, como es propio de la razón política sensata, es una razón histórica.

Y está claro que una actitud semejante no la capitaliza ningún partido, sino el Estado común. Por eso es la propia de los estadistas -los capaces de tener y aplicar una idea global del Estado-, pero la que, tal vez, se escapa a los políticos.