El jefe de la Armada mantuvo una 'caja b' en el arsenal de La Carraca

El jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante Juan José Romero Caramelo, mantuvo una caja b, alimentada con los beneficios obtenidos en operaciones de carácter irregular, mientras estuvo al frente del arsenal militar de La Carraca (Cádiz), entre febrero de 1991 y octubre de 1992. Aunque no se trata de lucro personal, estos fondos extrapresupuestarios estaban expresamente prohibidos por una orden de enero de 1988 por el entonces titular de Defensa, Narcís Serra.

El pasado 13 de diciembre, el Tribunal Militar Central condenó a un año y seis meses de prisión, respectivamente, al capitán de navío José Antonio Garrido y al sargento primero Enrique Martín, por la venta a particulares de casi 40.000 litros de gasóleo contaminado, procedentes de unos patrulleros dados de baja.Durante la declaración que, en abril de 1993, prestó Garrido ante el juez militar que instruía el sumario, reveló otras irregularidades, aparte de las que eran objeto de investigación. En concreto, el militar, que ocupaba en aquella época el cargo de ayudante mayor de La Carraca, explicó que entre 1990 y 1992 se vendieron 21.872 litros de combustible a los astilleros de Bazán contiguos al arsenal, a un precio de 65 pesetas el litro, lo que totaliza 1.421.680 pesetas.

Según la declaración de Garrido, "los suministros de gasóleo del arsenal a la Empresa Nacional Bazán se hacían por un acuerdo, probablemente verbal, entre el almirante jefe del arsenal y el director de dicha empresa".

Preguntado por el Fiscal sobre la identidad de los almirantes que "han mantenido en vigor dicho acuerdo y, por lo tanto, han autorizado dichos suministros", Garrido citó a Mackinlay Leiceaga, Romero Caramelo y Benitez Loring, si bien matizó que este último "no ha mantenido este convenio y, por tanto, durante su mandato se ha acabado todo tipo de suministro a la Empresa Nacional Bazán por parte del arsenal de La Carraca".

El ayudante mayor agregó que el dinero obtenido de estas ventas se ingresaba en un fondo extrapresupuestario administrado por él mismo, con el que se sufragaron pequeñas obras, compra de herramientas y reparaciones para el arsenal.En marzo de 1991, dijo Garrido, el fondo llegó a contar con 4.200.000 pesetas, pero se fue reduciendo progresivamente hasta que, en octubre de 1992, coincidiendo con el relevo de Romero Caramelo, "quedó prácticamente liquidado, teniendo desde el citado mes un remanente cero".

Según el ayudante mayor, el dinero guardado en esta caja b estaba controlado", conservándose las facturas de ingresos y gastos, si bien existía "un libro de cuentas que fue destruido cuando el fondo quedó a cero".

Las declaraciones de Garrido fueron ratificadas por el jefe de la Asesoría Jurídica de Bazán, quien explicó al juez que, a finales de 1989 o principios de 1990, el astillero cerró el surtidor de gasóleo que tenía y el director de la factoría, Manuel Pérez Fernández, llegó a un acuerdo con el jefe de La Carraca, Juan Mackinlay, para que permitiese repostar en el arsenal a los vehículos industriales de la empresa.

Está acreditada la venta de combustible a Bazán desde noviembre de 1990 hasta julio de 1992, ingresándose 250.625 pesetas bajo el mandato de Mackinley y 1.170.975 pesetas en la etapa de Romero Caramelo.

Caramelo no regularizó

Los hechos descritos suponen, al menos, tres irregularidades: el suministro de combustible propiedad de la Armada a una empresa, aunque pública, mediante un mero acuerdo verbal; el hecho de que estos suministros no se declarasen oficialmente, sino que se hiciese creer que se trataba de gasóleo consumido por la unidad militar; y, finalmente, que los beneficios obtenidos de la venta, en vez de ingresarse al Tesoro, se los quedara el arsenal para sus propios gastos.La existencia de los llamados "fondos extrapresupuestarios" tiene una larga tradición en las unidades de la Armada y su legalidad estaba sujeta a controversia hasta que, el 13 de enero de 1988, Narcís Serra dictó una orden ministerial que los prohibía taxativamente, señalando que los gastos imprevistos y urgentes se financiarían mediante anticipos de caja, con cargo al presupuesto. La misma orden señalaba que los ingresos externos que pudieran tener las unidades debían remitirse semestralmente al Fondo de Atenciones Generales del Ministerio de Defensa.Éste es, precisamente, el punto más débil en la conducta de Romero Caramelo. Según el auto del Tribunal Militar Central que archivó definitivamente la investigación, el almirante, que tomó el mando de La Carraca en febrero de 1991, no se enteró de la existencia de las ventas a Bazán hasta "finales del mes de octubre o primeros de noviembre del citado año [ ...], ordenando en tal sentido el cese inmediato de dichos suministros".

"Sin embargo," agrega el auto, "no consta que se dieran instrucciones u órdenes claras por parte de dicho mando superior en cuanto al destino que había de darse a las cantidades ingresadas hasta entonces o pendientes de ingresar, siendo lo cierto que, a partir de octubre de dicho año y hasta el mismo mes del año siguiente [cuando se marcha Caramelo], se producen diversas adquisiciones de materiales para obras diversas o pagos por servicios concretos que se sufragaron con cargo a tales sumas".

Es decir, tras conocer la existencia de la caja b, Romero Caramelo no procedió a regularizar la situación, ingresando al Tesoro el dinero guardado en el fondo, sino que éste se siguió utilizando para atender gastos de la unidad, contraviniendo la orden ministerial de enero de 1988.

En realidad, ni siquiera la suspensión de los suministros fue definitiva: aunque se interrumpió en diciembre de 1991, en julio de 1992 se vendieron otros 2.200 litros de combustible a Bazán, que pagó 143.000 pesetas.