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El Tribunal Militar no halló delito, pero sí irregularidades

Miguel González

Las declaraciones del capitán de navío José Antonio Garrido y del representante de Bazán, en las que reconocían el suministro a la empresa pública de gasóleo propiedad de la Armada, dieron lugar a la apertura de unas nuevas diligencias, separadas de las que concluyeron en diciembre pasado con la condena del ayudante mayor y el sargento primero contramaestre por vender combustible a particulares.Sin embargo, estas diligencias quedaron definitivamente archivadas por un auto del Tribunal Militar Central de 3 de abril de 1995, en el que se aceptaba la propuesta del juez instructor.

"Si bien es cierto", alegó el juez, "que ha de tacharse de irregular, tanto la concesión de dichos suministros [de combustible] en la forma en que se practicaron y llevaron a efecto, como el destino dado a las cantidades abonadas en pago por la factoría de la Empresa Nacional Bazán, tales hechos no alcanzan relevancia suficiente para incardinarlos en un ilícito penal militar".El juez no halló indicios de lucro personal en estas irregularidades y tampoco consideró que hubieran lesionado la eficacia de servicio. Argumentó para ello que el pedido de gasóleo del arsenal era siempre de 3.000 litro mensuales y no se incrementó por las ventas a Bazán. Cabe preguntarse, no obstante, cuáles eran sus verdaderas necesidades dado que las ventas a Bazán su pusieron el 45% del total.

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EL PAÍS pidió el pasado martes una entrevista con el jefe de Estado Mayor de la Armada para conocer su versión de esto hechos. El miércoles, la Oficina de Relaciones Públicas del Cuartel General de la Armada indicó que el almirante Romero Caramelo contestaría por escrito a la preguntas que se le transmitiera a través de dicha oficina, como así se hizo. El jueves, un portavoz de la Armada facilitó la siguiente respuesta: "El almirante no tiene ningún comentario que hacer. Considera que estos hechos están sometidos al proceso judicial y que son los tribunales los que deben depurar eventuales responsabilidades. Por respeto a la Justicia, el almirante no quiero expresar ninguna opinión".

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Sobre la firma

Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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