Andalucía tratará con heroína a toxicómanos terminales, como ya hacen Suiza y Liverpool
Un informe jurídico concluye que el uso de droga bajo supervisión médica es legal
El comisionado andaluz para la droga tiene muy avanzado el proyecto técnico para el suministro controlado de heroína a un grupo muy determinado de toxicómanos terminales, una vez que un informe jurídico ha considerado legal esta posibilidad terapéutica bajo estrictas condiciones.. El plan que se aplicaría en Andalucía tendría un costo anual de 30 millones de pesetas, incluida la compra de la heroína, que requeriría un permiso de la Dirección General de Farmacia. Experiencias similares se llevan a cabo desde hace tres años en Suiza y en la ciudad inglesa de Liverpool.El objetivo de la experiencia oficial en 15 clínicas de Suiza y Liverpool, actualmente en periodo de evaluación por Naciones Unidas, fue tratar la adicción a la heroína en algunos sujetos como una enfermedad; en aquéllos con un grave deterioro físico y con sistemáticos fracasos en terapias de deshabituación. Así, se compara su necesidad fisiológica de la heroína a la que muestra, por ejemplo, un diabético respecto a la insulina y se persigue con su administración evitar otros riesgos sanitarios o sociales, como la. delincuencia.En previsión de la controversia que esta fórmula terapéutica suscita, un informe jurídico encargado por el Comisionado Andaluz para la Droga considera que es legal, bajo determinadas condiciones, el suministro médico y controlado de heroína a drogodependientes terminales. El estudio ha sido encargado a raíz de que en una amplia encuesta el 42,6% de los andaluces se mostrara a favor de la administración de droga a los drogodependientes que han fracasado en otros tratamientos. Los posibles beneficiarios serían un grupo reducido de yonquis, principalmente reclusos con avanzada toxicomanía y enfermos de sida.
El plan permitiría acercar al sistema sanitario y tener bajo control a dicho grupo y que éste dejara de delinquir para conseguir la droga. Incluso se podría controlar la nocividad de la heroína que se suministrara. El colectivo en toda Andalucía se aproximaría a las cien personas. En Suiza, el toxicómano paga la mitad del tratamiento, que cuesta unas 5.000 pesetas diarias.
El estudio reservado, al que ha tenido acceso EL PAÍS, ha sido elaborado por el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, bajo la coordinación del catedrático de Derecho Penal de Málaga José Luis Díez Ripollés. Tras analizar la jurisprudencia y la doctrina penal, concluye que la iniciativa "no plantea problemas jurídico-penales por no estar tipificada como conducta punible en nuestro Código Penal, pues la administración controlada de heroína a drogodependientes, en el marco de un programa rehabilitador, no realiza el tráfico de drogas previsto en el artículo 368 [del Código]". La iniciativa estaría además amparada por la Ley General de Sanidad y la Ley del Medicamento, según los juristas. Deben cumplirse, no obstante cinco condiciones: "Que el destinatario de la droga sea un drogodependiente; que el consumo sea voluntario y sin contraprestación alguna; que se le suministre directamente la droga ( ... ); que la administración se realice en el marco de un tratamiento deshabituador para evitar riesgos de la crisis de abstinencia ( ... ) y que se lleve a cabo, directamente o bajo su dirección, por profesionales habilitados"
El comisionado andaluz está manteniendo reuniones con Médicos del Mundo, que en principio se encargarían de la intendencia. Aún quedan por determinar los problemas administrativos que plantearía la fabricación y compra del opiáceo. En principio, la fabricación de la droga correría a cargo de la empresa Alcaliber, aunque para ello es necesario el permiso de la Dirección General de Farmacia del Ministerio de Sanidad.
En Cataluña, hace tres años que el entonces consejero de Sanidad de Cataluña, Xavier Trias, anunció la posibilidad de administrar heroína a. toxicómanos. Tres años después, el proyecto sigue "en estudio", pese a que el responsable del programa de drogas reiteró la disposición de Sanidad para ponerlo en marcha.
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