Volkswagen y los sindicatos defienden que 70 inválidos sigan trabajando

La dirección de la factoría de Volkswagen en Landaben (Pamplona) negó ayer que 70 de sus trabajadores estén cobrando indebidamente pensiones de invalidez total que rondan las 100.000 pesetas mensuales, mientras realizan tareas equivalentes a las que desempeñaban cuando fue reconocida su minusvalía por la Seguridad Social, tal como sostiene Trabajo. Estos empleados perciben salarios entre las 200.000 y las 400.000 pesetas brutas.

El presunto fraude a la Seguridad Social por parte de este colectivo de trabajadores fue denunciado el domingo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que sin citar la empresa a la que pertenecen, aseguró en un comunicado que estos 70 pensionistas "continúan desempeñando en la práctica las mismas funciones para las que fueron declarados inválidos".La inspección considera que existen indicios de que la dirección de Volkswagen en Navarra, que da trabajo a 4.500 personas, ha "disfrazado" los puestos para que parezcan diferentes.

Si de la investigación en curso se derivaran indicios suficientes como para creer que la empresa actuó en connivencia con los empleados o de mala fe, la inspección podría levantar actas individuales en cada caso y sancionar a la sociedad con una falta muy grave, penada con multas de entre 500.001 mil y 15 millones de pesetas por trabajador afectado, según explicaron ayer fuentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Tanto la dirección de la empresa como los sindicatos UGT yCC OO afirman que los 70 afectados ejercen tareas diferentes a las que motivaron su invalidez. "Se cotiza por ellos legalmente y la ley les ampara, puesto que han pasado a puestos distintos", subrayó un miembro del comité de empresa por CC OO.

"Volskwagen Navarra tiene que respetar una cláusula de obligado cumplimiento existente en el convenio 1996-1997, por la que tenemos que emplear a este colectivo pero en tareas distintas a las que venían desempeñando cuando se les reconoció el derecho a la invalidez", añadió José Zubillaga, responsable de relaciones externas de la empresa.

"En otras industrias los trabajadores en esta situación van a la calle con minipensiones que equivalen sólo al 55% o 60% de su sueldo, pero en ésta no. Es un logro social pactado con los sindicatos, algo legal a lo que estamos obligados", añadió el portavoz de la dirección.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social señaló que la edad media de estos pensionistas es de 40 años, aunque un número significativo de los incapacitados apenas supera los 30 años.

Mientras la inspección considera que existen indicios de que estos empleados desarrollan tareas similares a las que ejercían antes de ser declarados inválidos, UGT y CC OO y la dirección niegan este hecho. Según su versión, más del 90% de los 70 empleados trabajaban en distintas fases de la cadena de producción del modelo Polo antes de recibir la pensión y en la actualidad ejercen sus funciones en otras secciones y departamentos ajenos a la cadena, aunque manteniendo la categoría laboral.

El resto son administrativos cuyos empleos han variado. Asimismo, sindicatos y dirección niegan que el grupo de afectados esté percibiendo salarios brutos de entre 300.000 y 400.000 pesetas, tal y como afirmó la inspección.

"Esa cantidad sólo la perciben dos personas. El resto cobra salarios que apenas superan las 200.000 pesetas brutas", matizó José Zubillaga. "Desconocemos por qué se pretende atacar un logro social con datos incorrectos", aseguró un portavoz sindical.