Campaña con sombras

CASI QUINCE millones de contribuyentes presentarán declaración de la renta por los ingresos obtenidos en 1996 en una campana que nace bajo los malos augurios de las acusaciones de amnistía fiscal encubierta formuladas desde el Gobierno actual contra Gobiernos anteriores. Tales acusaciones, no demostradas e incluso desmentidas sotto voce y a regañadientes por algunos directivos de Hacienda, han tenido como primer efecto introducir confusión y desmoralización entre los equipos de inspección fiscal, atónitos ante afirmaciones de supuesto amiguismo o favoritismo tributario difíciles de encajar en un sistema de tantos. controles de información como el de la inspección. A los ciudadanos se les transmite la imagen, probablemente falsa, de una Hacienda manipulable por los políticos, en el peor de los casos, o, en la versión más favorable, con una gestión negligente.Se quiera o no, la Campaña para la declaración del impuesto sobre la renta aparece marcada por esa inoportunidad política, impropia de un Gobierno experimentado. La confusión entre los ciudadanos no se debe tan sólo a las acusaciones formuladas; contribuyen a ella, y cada día que pasa en mayor medida, las asombrosas dificultades que está encontrando la Administración tributaria actual para facilitar la documentación exigida por la comisión del Congreso que investiga las supuestas irregularidades. Para colmo, la selección y preparación de la información solicitada está ocupando las horas de trabajo de numerosos funcionarios, con lo cual se obstaculiza gravemente la tarea propia de la agencia, que es la persecución del fraude. El ciudadano percibe, gracias a estas contradicciones, una imagen de desorden administrativo en la gestión actual que no es precisamente alentadora del cumplimiento tributarlo riguroso.

Los contribuyentes se van a enfrentar este año a una declaración que tiene pocas, pero significativas variaciones en la normativa fiscal. Las plusvalías tributarán a un tipo fijo del 20%, que es la medida del Gobierno del PP más definitoria de su sustrato ideológico y también más criticada de cuantas tomaron en junio de 1996. Además, el Gobierno del PP ha introducido modificaciones en la declaración por módulos para favorecer a las pequeñas y medianas empresas. También aumenta el límite máximo de deducción de los fondos de pensiones -desde 750.000 a un millón de pesetas-, y el período de las cuentas vivienda sube desde cuatro a cinco años.

Juan Costa y la Agencia Tributaría han optado este año por aumentar los servicios de atención a los contribuyentes orientados teóricamente a facilitar la cumplimentación y presentación de las declaraciones. Esta opción es coherente con la idea del Gobierno de Aznar de que las relaciones entre la Hacienda pública y los contribuyentes son decisivas para evitar la extensión del fraude fiscal. Mientras en campañas de Gobiernos socialistas se ponía el acento en la solidaridad o la redistribución, el nuevo modelo implica la consideración del ciudadano como un cliente que hay que atraer y mantener.

Hacienda ofrece como grandes novedades la posibilidad de realizar la declaración de la renta por teléfono, pagar mediante tarjeta de crédito o la instalación de sistemas de comunicación capaces de gestionar tres millones de citas con otros tantos ciudadanos para efectuar la declaración según el programa PADRE, desde las mismas oficinas de Hacienda. Estas medidas son, sin duda, loables, pero su aplicabilidad debe ser demostrada. Está por ver si la maquinaria administrativa actual de la agencia, aumentada por 1.400 empleados eventuales, puede absorber la elaboración de seis millones de declaraciones; o si puede hacer frente con fluidez al cobro a través de dinero de plástico. Si los objetivos se cumplen, al menos se habrán disipado parcialmente las sombras de sospecha sobre la eficacia de la Administración fiscal que la torpeza de los responsables políticos ha extendido, sin necesidad, en contra de los intereses de todos.