Úrculo vincula su permanencia en el cargo a que el Gobierno traslade a la fiscal Márquez
El fiscal general del Estado, Juan Cesáreo Ortiz Úrculo, ha vinculado su permanencia en el cargo a que la ministra Margarita Mariscal de Gante proponga al Consejo de Ministros el traslado forzoso de la fiscal María Dolores Márquez de Prado, acordado por el propio Úrculo a resultas de "la acritud y los excesos" de esta fiscal con jueces y tribunales. Así consta en un escrito remitido por Úrculo al vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Alvarez Cascos, que ha circulado muy restringidamente. El fiscal general matizó ayer el contenido de su carta, adelantada por la cadena SER.
La opinión generalizada en medios del ministerio fiscal es que Úrculo es un "cadáver político", tras haber generado una crisis sin precedentes en la cobertura de la fiscalía de la Audiencia Nacional. Sin embargo, parece decidido a jugar a fondo sus cartas. Fuentes de la Fiscalía General señalaban ayer que si la fiscal Márquez finalmente no es removida de la Audiencia Nacional, y las sanciones de un mes de suspensión de empleo y sueldo al fiscal Ignacio Gordillo y las tres multas de 50.000 pesetas son reducidas, Úrculo no tendría otro remedio que dimitir de su cargo. De ahí su misiva al Gobierno.En una entrevista en la Cadena SER, Úrculo no negó ayer en ningún momento que hubiese enviado la carta a Álvarez Cascos, aunque puso buen cuidado en precisar que ésta no la dirigió en los términos de presentar su dimisión: "¿No ha mandado una carta al vicepresidente Álvarez Cascos?". "No en el sentido de presentar mi dimisión; en absoluto". "¿En algún otro sentido?". "No, mire usted, yo no he presentado mi dimisión y eso es lo único que puedo decir".
El fiscal general agregó: "Es que yo tengo relaciones con distintas personas del Gobierno, como es natural, y bueno, estoy con ellos, o no estoy, pero cuando me preguntan ustedes "¿ha presentado su dimisión?", tengo que decir: No. "¿Ha mandado una carta en ese sentido al señor Álvarez Cascos?", tengo que decir: No". Pero la carta ha llegado a La Moncloa.
Estrategia
Incluso compartiendo el criterio que imperaba ayer en medios fiscales, la agencia Efe, citando fuentes próximas a la Fiscalía General, reafirmaba que Úrculo había remitido efectivamente una carta a Cascos, y llegaba a interpretar esta estrategia como un "órdago" del fiscal para que desde el Ejecutivo se acepten sus planteamientos.
Ante esta carta, y a propósito de las relaciones de Úrculo con distintos miembros del Gobierno, fuentes fiscales comentaron irónicamente que el Estatuto Fiscal prevé, en su artículo octavo, que la comunicación del Gobierno con el Ministerio Fiscal "se hará por conducto del ministro de Justicia a través del fiscal general del Estado. Cuando el presidente del Gobierno lo estime necesario, podrá dirigirse directamente al mismo".
Preguntado si tiene realmente previsto dimitir en caso de que no se produzca el traslado de la fiscal Márquez, Úrculo se limitó a responder: "Las hipótesis, las especulaciones, no entran dentro de mi manera de pensar. Cuando un hecho ocurre, yo tomo una resolución; pero mientras no ocurre, ni siquiera lo pienso". Añadió que, como el traslado de Márquez aún no se ha decidido, no ha pensado nada al respecto. "Cuando se decida, tomaré las decisiones que estime pertinentes, pero son mías, no quiero que me sean impuestas desde fuera, ni lo voy a permitir".
Úrculo puntualizó que en la carta no le ha transmitido a Cascos las supuestas diferencias que mantendría con la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, con la que, aseguró, se lleva "perfectamente". Sin embargo, la opinión generalizada en medios del ministerio fiscal es que el enfrentamiento es insalvable y Úrculo tiene los días contados.
Aunque accedió al cargo con casi todos los apoyos imaginables, apenas seis meses después se ha enfrentado con la Junta de Fiscales de Sala, a la que trató de hacer cambiar de criterio sobre la comparecencia de Felipe González en el caso GAL; con el Consejo Fiscal, por las ridículas sanciones a los fiscales indomables; y con la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por el caso Filesa. Y puso en un brete al Gobierno con la Operación Poyatos, cuando propuso para fiscal jefe de la Audiencia, en sustitución de José Aranda, a Luis Poyatos, cuya candidatura fue retirada al descubrirse su vinculación a una secta de extrema derecha.
Una "cuestión de días"
Tras un primer revés del Consejo Fiscal a su intento de destituir al entonces fiscal jefe de la Audiencia. Nacional, José Aranda, Úrculo logró imponer el fulminante relevo de éste, abriendo así con una sustitución que iba a ser "cuestión de días" una crisis sin precedentes en la Audiencia Nacional y que sigue sin resolverse al cabo de cinco meses.
La posibilidad de que Eduardo Fungairiño fuese, con el apoyo de Úrculo, el único candidato a sustituir a Aranda ha movilizado a otros dos fiscales a competir por el cargo: Mariano Fernández Bermejo y Francisco Javier Cebrián Badía. Pero Úrculo aún no ha convocado al Consejo Fiscal para que se pronuncie sobre estas tres candidaturas.
Por el camino ha desautorizado a la Inspección Fiscal, a los fiscales del Supremo instructores de los expedientes a los indomables y, finalmente, al Consejo Fiscal, 10 de cuyos 12 miembros pertenecen a su propia asociación. Ahora, la ministra parece inclinarse a desautorizar su única propuesta seria, el traslado de la fiscal Márquez.
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