La Comisión Europea advirtió al Gobierno que su ley de TV digital llevaría a España a los tribunales

La Comisión Europea advirtió al Gobierno antes de la votación en el Senado de que su proyecto de ley de televisión digital acabaría llevando al Reino de España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Luxemburgo), y al Gobierno ante los jueces españoles. Así lo indicó por escrito el comisario de Telecomunicaciones, Martin Bangemann, en una carta al ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, que obra en poder de EL PAÍS. "Las medidas propuestas en la presente legislación no proporcionan la suficiente seguridad jurídica y constituyen una regulación excesiva del mercado", escribió Bangemann. "Si se mantuvieran en la futura ley", advirtió, "podrían ser objeto de acciones en relación al artículo 30 del Tratado, al igual que la incoación de un procedimiento de infracción por su no notificación en contra de lo dispuesto por la directiva 83/119".El artículo 30 declara "prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación" y todas las "medidas de efecto equivalente". Para defenderlo, si se incumple, la Comisión redacta un dictamen motivado y si el Estado no reacciona, acude a Luxemburgo. La directiva 83/119 impide que los Estados añadan de su cosecha normas técnicas y administrativas no contempladas en una directiva comunitaria, a la hora de incorporarla a su ordenamiento.

Bangemann advertía de otro riesgo de ilegalidad: la violación de la directiva 47/95 (sobre señales de televisión) porque la ley incurre en "limitar las opciones técnicas a disposición de los actores del mercado". ¿Por qué? Porque la ley española hace depender del acuerdo de la plataforma digital oficial, que prevé usar el multicrypt, la viabilidad del simulcrypt utilizado por su competencia, Canal Satélite Digital. Una cuarta advertencia indicaba que de no reformar en sentido liberalizador el proyecto, España se arriesgaba a una "inseguridad jurídica" y a recursos. Estos recursos a los jueces internos, ya anunciados por la empresa perjudicada, pueden acarrear enormes consecuencias económicas. El Tribunal de Luxemburgo ha establecido, en varias sentencias muy recientes que "las infracciones deben dar lugar a indemnizaciones".

Pese a la gravedad de estas alertas para el Gobierno y para el Estado español, Arias Salgado las ignoró. El mismo día en que recibía la carta del comisario, el 9 de abril fecha en que el pleno del Senado votó el proyecto, endureciéndolo- la contestó por fax. Un resumen de ese texto apareció al día siguiente en El Mundo. Pero los diputados no pudieron conocr antes de su votación final de anteayer las recomendaciones de Bangemann. A saber:

Certificación. El comisario instó al ministro a "sustituir cualquier procedimiento de certificación previa" por "un procedimiento simplificado de autodeclaración". Y le detalló que "no sería suficiente realizar este cambio simplemente a través de la remisión a las disposiciones de otras normas jurídicas que pudieran ser aplicables", sino que debía hacerse en el propio texto del decreto 136/1997, que "necesitaría una revisión significativa", sobre todo en su artículo 2.

Arias contestó que el régimen de autodeclaración queda "palmariamente" reconocido mediante el uso de otro real-decreto, contra la recomendación del comisario. Y se negó a modificar el artículo 2 que se le pedía cambiar.

Acuerdos. Sobre la sumisión del descodificador de Canal Satélite a la voluntad de los rectores de la plataforma que es su competencia, Bangemann recordó que la norma europea "se limita a establecer unos principios sobre el acceso [a los decodificadores] por terceros, los cuales se basan en el comportamiento de los actores del mercado y no en la adopción de normas técnicas". Arias le contestó que el comisario Van Miert estaba de acuerdo, lo que fue desmentido por su portavoz.