Salarios austeros

EL GOBIERNO actuó correctamente al recurrir ante el Tribunal Constitucional las subidas de sueldo de los funcionarios en el País Vasco, Asturias y Canarias para el ejercicio de 1997, Probablemente tampoco tenía otra opción. Las tres comunidades autónomas habían aumentado las retribuciones de sus funcionarios en contra de lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año, de forma que el desafío o la incongruencia eran demasiado evidentes. Ahora, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso y, por tanto, suspendido cautelarmente los aumentos retributivos en las tres comunidades autónomas.Con independencia de argumentos jurídicos de peso -las subidas responden a normas de menor rango legal que la Ley de Presupuestos-, el recurso y su admisión a trámite -son coherentes con la aplicación de un principio de austeridad en el gasto público que empieza en los propios funcionarios, continúa en el control de gastos corrientes y afecta a aplicaciones muy sensibles, como es el caso de la inversión pública. Las comunidades autónomas deben desterrar cualquier tentación de considerar la integración en la moneda común como un esfuerzo del Gobierno al que se apoya distraídamente desde la periferia.

Tampoco es razonable discriminar a los funcionarios de la Administración central, que ya perciben salarios más bajos en algunos cuerpos y categorías, en nombre de la autonomía de gestión, que en ningún caso es un principio superior a los de equidad y coherencia del Estado. Las administraciones autónomas -como la central- deberían estar empeñadas en encontrar fórmulas para mejorar la eficacia y el servicio a los ciudadanos, en lugar de competir desatinadamente entre sí en sueldos e incentivos de sus profesionales. Tales prácticas son más propias de empresas privadas con abundantes beneficios que de instituciones públicas con severos problemas de déficit.