Rato se compromete a que el Plan de Estabilidad espete los gastos sociales
El Plan de Estabilidad del Gobierno, que persigue reducir el déficit público al 1,6% del producto interior bruto (PIB) en tres años, no implicará un recorte del Estado de bienestar. Al menos ése es el compromiso asumido ayer por el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, ante el Parlamento. Rato aseguró que no tocará los gastos sociales durante la aplicación de este plan y pidió a los grupos políticos "que no transmitan este tipo de mensajes".El ministro compareció ante la comisión mixta de la Unión Europea Congreso-Senado para dar cuenta del contenido de los últimos consejos de ministros europeos (Ecofin) y del estado de los fondos estructurales y de cohesión. El citado Plan de Estabilidad, que se aprobará en el próximo Consejo de Ministros y se presentará ante Bruselas para reforzar el compromiso de España de mantener la disciplina fiscal dentro del euro, básicamente delega el recorte del déficit en el crecimiento de la economía. Un 3,2% de media entre 1997 y el año 2000.
En su intervención, Rato aseguró que el Ejecutivo no tiene intención de efectuar "ajustes presupuestarios duros ni permanentes" para conseguir la reducción del gasto público. Destacó que el déficit presupuestario está bajando en la actualidad sin que haya sido necesario reducir las pensiones ni la sanidad y añadió que en ejercicios futuros tampoco habrá restricciones en la inversión pública.
El ministro respondía así a las críticas del portavoz de IU, Felipe Alcaraz, quien se mostró convencido de que será necesario tocar los gastos sociales para cumplir el Plan de Estabilidad.
El PSOE recela de las políticas que el Gobierno aplicará para reducir el déficit público en medio punto al año. "Tendrá que explicar cómo lo van a hacer, con qué política de gasto, con qué ajustes... ", señaló su portavoz de Economía, Juan Manuel Eguiagaray.
En una señal clara de que el proceso hacia la unión monetaria es imparable, Economía, a través del Tesoro, inició ayer una campaña informativa sobre el euro, que se prolongará cinco años y costará 1.677 millones en este ejercicio.
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