La gestión del modelo

Y MIGUEL ÁNGEL ZAMARRÓN MORENOA pesar de que la Ley General de Sanidad constituye un marco adecuado para salvaguardar los principios de gratuidad, cobertura universal, equidad y eficiencia inherentes a los modelos sanitarios públicos desarrollados en el contexto del Estado de bienestar, su escaso desarrollo ha mermado todo el potencial que esta norma contempla, si analizamos la gestación del propio sistema, el balance es aún más negativo.En el desarrollo subsidiario de la ley se encuentran lagunas vitales, que afectan al concepto integral del sistema, muy insuficientemente cubiertas, léase Consejo Interterritorial de Salud y su comité consultivo Instituto de Salud Carlos III y, sobre todo, el estatuto marco cuyos déficit han generado los problemas más graves, desde la financiación hasta los reiterados conflictos laborales, con soluciones, a la postre, circunstanciales y a remolque de sus poderosos promotores, en el primer caso las administraciones autonómicas y en el segundo los facultativos sanitarios.

En los prolegómenos de su llegada al poder, el Partido Popular proponía la reforma, en realidad derogación, de la Ley General de Sanidad en un sentido oralamente privatizador de la gestión y provisión de la asistencia sanitaria. Cuestiones que el actual Gobierno en su conjunto, vía comisión parlamentaria, y los responsables del Ministerio de Sanidad, vía fundaciones, han tratado al menos de dulcificar.

Sin embargo, como es lógico en un Gobierno que pretende ser de centro-derecha, pero que está fuertemente condicionado por intereses financieros y corporativos, ese azucaramiento no ha dejado de traslucir el amargo acíbar de su auténtico fondo. Comenzó con la promulgación del Real Decreto-Ley 10/96, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Insalud, y parece ser que, al margen de la comisión parlamentaria para la reforma del sistema nacional de salud, y en el ínterin de sus conclusiones, ya se están poniendo en marcha otros instrumentos normativos de importante calado: creación de centros bajo la forma de fundaciones, modificación de la dedicación exclusiva de los facultativos, resarcimiento de gastos por atención en centros privados cuando se haya superado un plazo de espera en los públicos, etcétera.

El pasado mes de julio, a raíz del Real Decreto-Ley 10/96, expresábamos nuestra perplejidad ante la profundidad de la norma en cuestión y los argumentos utilizados en apoyo de la misma. Hoy, seis meses después, volvemos a denotar nuestro asombro ante las nuevas medidas, anunciadas si las relacionamos con las declaraciones de los mismos responsables políticos en uno y otro caso. Niegan rotundamente que persigan la debilitación y, en última instancia, la privatización del sistema; proclaman a bombo y platillo los óptimos resultados obtenidos en la reducción de listas de espera, con medios propios el 81,9% y un 70% en horario de mañana; rechazan la más mínima insinuación de déficit financiero, llegando incluso a mantener un tenso debate por esta causa con su socio CiU en el contexto del acuerdo de Presupuestos Generales del Estado; establecen modelos de gestión en dos hospitales mediante el sistema de fundaciones, al decir de los expertos el menos adecuado de los amparados por el Real Decreto-Ley 10/96; mantienen el cumplimiento del compromiso económico con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, etcétera.

Decíamos el verano pasado que, "asumiendo que el fin último sea la modernización del SNS...", estábamos dispuestos a analizar y apoyar fórmulas que conduzcan a ese objetivo. Pero, ¿creen de verdad que ofrecer la "flexibilización" de la dedicación exclusiva es un instrumento de gestión eficiente? Hasta la fecha no conocemos ejemplos en los que los empleados de mayor cualificación de empresas excelentes compatibilicen su actividad en éstas con la misma actividad en la competencia. Además, ¿tiene al guna lógica esa promoción de intereses fuera del sistema cuando se pretende una mayor involucración en la gestión del mismo? Y aún más cuando se especifica con mayor énfasis esa flexibilidad en quienes tienen más responsabilidades: jefes de servicio y seccion. ¿No debería, en el peor de los casos, ser al revés?. Es absolutamente cierto que desde la promulgación del Real Decreto-Ley 3/87, que establece dicha dedicación exclusiva, el desarrollo de las virtualidades que en términos de gestión contiene ha sido nulo y, además, ha dado origen a un importantísirno número de graves irregularidades que nos hemos cansado de denunciar. Pero esta solución "para elevar al rango de normalidad la situación existente" da una nítida idea del tibio interés que el actual Gobierno tiene por defender un auténtico sistema sanitario público o la escasísima capacidad de actuar del actual equipo del Ministerio de Sanidad para zafarse de las presiones corporativas o de los compromisos adquiridos cuando no eran promotores de la huelga de hospitales de 1995.