De quién son esos olivos

LA VISITA del comisario europeo de Agricultura, Franz Fischler, a Córdoba y Jaén no parece haber modificado su intención de reclarmar el sistema de subvenciones al olivo en un sentido que perjdudica los intereses de España. Aunque desde ciertos medios se ha abusado de argumentos casticistas, lo cierto es que la oposición española cuenta con sólidas razones: tanto en defensa del mantenimiento del sistema de subvenciones como en la preferencia por que su cuantía se fije en función de la producción real y no del número de árboles.La UE destina anualmente ayudas al olivar unos 330.000 millones de pesetas, cantidad relativamente modesta en relación a los siete billones de pesetas del presupuesto comunitario que absorbe la agricultura. En el caso concreto de España, las 350.000 explotaciones olivareras suponen apenas el 7% de la producción agraria final. Sin embargo, para alguna zonas, en particular el campo andaluz, el olivar supone más del 80% de esa producción y genera gran parte del empleo rural: 46 millones de jornales sin otras alternativas de cultivo.

Reformar el sector del aceite de oliva es algo que ha barajado la UE desde el momento del ingreso de España, en 1986. Sin embargo, las reformas fueron atrasándose a la vista de las bajas cosechas en España y la escalada de precios, mientras se barajaban al mismo tiempo altas cifras de producción y subvenciones en Italia. Bruselas pareció descubrir recientemente por sorpresa la existencia de ciertos fraudes en la percepción de las ayudas y el comisario Fischler pretendió aprobar, casi por vía de urgencia, un nuevo sistema en el que, por encima de otros planteamientos de política agraria, primaba la necesidad de ahorrar recursos sin tener en cuenta dónde estaba el fraude. Éste sería el primer problema a atajar para luego hacer un reparto equitativo de las ayudas. Y atajar el fraude es, sobretodo, evitar ciertos mecanismos que permiten cobrar las ayudas por partida doble en función del número, de árboles (para explotaciones pequeñas) y como subvención a la producción real.

La reforma de la Comisión se propone, sobre todo, simplificar el sistema de forma que pueda controlar las ayudas más facilmente. Propone para ello generalizar el sistema de subvención fija por olivo plantado, eliminando las ayudas a la producción efectiva; por otra, el censo de olivos utilizado para establecer las ayudas es bastante inferior al real en España, donde se han plantado muchos en los últimos años.

Prescindir del aspecto social de la cuestión, esos jornales necesarios para evitar el despoblamiento de amplias zonas del campo, sería un contrasentido: para eso nacieron las subvenciones a la gricultura, que de siempre han sido un aspecto fundamental de la política comunitaria. Estas ayudas, a los agricultores y ganaderos franceses y alemanes -a la mantequilla, por ejemplo- han venido absorbiendo una porción considerable del presupuesto de gasto comunitario desde los tiempos del Mercado Común de seis socios. Hora es de que haya algún reequilibrio hacia el sur.

El criterio era y es social: mantener un nivel de renta agraria que evite la despoblación del campo; pero también económico: garantizar la supervivencia de actividades de las que depende el sector alimentario. Sin las subvenciones, el olivar habría tendido a desaparecer, y con él, un producto como el aceite de de gran porvenir por sus virtudes dietéticas, y en el que los países mediterráneos, y sobre todo España, tienen ventaja comparativa. Otra cosa es que tal vez una parte de las ayudas deba orientarse a la comercialización, y en particular a la apertura de nuevos mercados (en Estados Unidos y Japón, por ejemplo).

EI olivar español ha hecho en los últimos años un importante esfuerzo de inversiones para modernizar y lograr un sector más competitivo. Pasar a la ayuda por árbol supondría para España reducir las subvenciones en más de 60.000 millones de pesetas. En los años precedentes se han llevado a cabo múltiples reformas de los sistemas de subvenciones en toda la Unión Europea. En ningún caso Bruselas hizo al final una reforma en contra de las posiciones del principal país productor, que en este caso es España. Pero tal como funcionan las cosas en la UE sería suicida para España plantear la defensa de sus intereses en ontraposición a los de Italia u otros países productores. Al revés: la posibilidad de convencer a Bruselas pasa por afrontar el problema del oivo como una cuestión mediterránea; mejor dicho, como un problema europeo que afecta en particular a los países mediterráneos.