Entra en vigor en EE UU una leyque amenaza a cinco millones de ilegales

Entró en vigor. Pese a un intento de última hora de un juez federal para retrasar su aplicación, la nueva ley de Inmigración de EE UU comenzó ayer su inexorable tic tac. Unos 5 millones de inmigrantes ilegales tienen un plazo de seis meses para intentar regularizar, su situación; los que no obtengan papeles o no salgan de EE UU antes del próximo 30 de septiembre, podrán ser expulsados de oficio y se les negará la posibilidad de regresar legalmente durante un plazo que oscila entre tres y diez años. A los deportados que vuelvan a ser sorprendidos en suelo norteamericano se les negará la entrada para siempre.

Un gesto de Bill Clinton considerado electoralista, la firma el pasado septiembre de la ley de inmigración aprobada por la mayoría republicana del Con greso, se ha convertido en la espada de Damocles que pesa sobre las vidas de los residentes en EE, UU que entraron clandestinamente a través de la frontera con México (unos 2,9 millones), lo hicieron legalmente con visados de turismo, estudios, trabajo o visita familiar, que caducaron hace ya tiempo (2,1 millones) o fueron considerados refugiados de las guerras de Centrornáerica (320.000). mayoría son hispanos.Los últimos meses han sido una pesadilla para este contingente humano. A la complejidad de una ley que se extiende a lo largo de 600 páginas, se han añadido rumores más o menos paranoicos sobre inminentes operaciones masivas de caza y captura del ilegal, con su corolario de deportación automática. Tal es el clima de angustia que las autoridades se vieron obligadas ayer a precisar que piensan concentrar sus esfuerzos en los ilegales que hayan cometido delitos graves como tráfico de drogas, robo, violación u homicidio. La secretaria de Estado, Madeline Albright, aseguró ayer que no habrá deportaciones masivas.

La nueva ley dificulta la consecución del asilo político, agiliza los procedimientos de deportación y pone trabas a que los expulsados regresen legalmente a EE UU. También pone obstáculos a la posibilidad de que las familias pobres de ciudadanos norteamericanos o inmigrantes legales apadrinen la entrada en el país de parientes extranjeros. En paralelo, otra iniciativa republicana también ratificada por Clinton que ayer entró en vigor, la reforma del llamado welfare (bienestar), pone serios límites a los beneficios que los inmigrantes legales pueden obtener del sistema norteamericano de asistencia social. Un millón de residentes legales pueden perder su derecho a la ayuda alimenticia.