Residuos nucleares
El pasado domingo día 9 incluía su periódico un editorial muy ponderado sobre la problemática de los residuos nucleares y, por extensión, de la energía nuclear y del resto de residuos peligrosos. Aunque en él se mencionaba la conveniencia de desarrollar técnicas de producción que generen menos residuos, me hubiera gustado que se hiciera más énfasis en ello. Probablemente la forma más económica y eficaz de mantener algo limpio es no ensuciarlo. Si las tecnologías de producción utilizan procesos o productos que no generen residuos contaminantes nos evitaremos el problema de raíz.Pero, además de ello, hay otro aspecto de la producción de residuos de la que apenas se habla: el coste de su control o eliminación. Se supone que los ciudadanos, al pagar el impuesto municipal de basuras, pagamos la recogida de los residuos domésticos y su almacenamiento o tratamiento en los vertederos municipales.
Ahora bien, ¿pagan las nucleares la construcción de los cementerios nucleares, y pagarán por su mantenimiento y vigilancia durante cientos de años? Si estos costes se incluyeran en la contabilidad de esas empresas, probablemente la energía nuclear no resultaría tan barata como dicen que es.
Esto puede hacerse extensivo al resto de industrias que producen residuos tóxicos o nocivos. ¿Quién paga todos los costes de la destrucción de residuos? Más aún: ¿quién paga el coste de las enfermedades que se producen en la población como resultado de dichos residuos o de los procesos industriales que los producen? ¿Quién ha pagado (si es que pudiera contabilizarse en dinero) el horror de las víctimas de Chernóbil? ¿Qué precio habría que poner a la energía eléctrica producida por esa planta?.
Leo en EL PAÍS del sábado día 15 de marzo: "La justicia admite la demanda del Estado de Misisipí contra la industria tabaquera. Se abre la vía en Estados Unidos a las reclamaciones por gastos sanitarios de los fumadores". Esa puede ser una buena vía complementaria para reducir las emisiones peligrosas o la producción de residuos tóxicos: que las empresas que los producen tengan que pagar a los particulares, a los municipios o comunidades, y al Estado, todos los gastos derivados de controlar los daños o de paliarlos una vez producidos.-
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