La reforma Tocino permite privatizar gratis el uso del agua, según la CODA

La reforma de la Ley de Aguas que promueve Medio Ambiente encubre una privatización gratuita de un recurso público, según la CODA, organización que agrupa a ecologistas de toda España. Su portavoz, Santiago Martín Barajas, advierte, tras una lectura del borrador del anteroyecto, que depositar en los usuarios la autoestión de las aguas subterráneas acarreará la destrucción de la mayoría de los acuíferos.

El alcance de la reforma de la ley de aguas supone un vuelco trascendental en la gestión pública de este recurso, si se lee atentamente el borrador del anteproyecto, según Santiago Martín Barajas, portavoz de la Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA)."Está hecho a medida de las compañías eléctricas, pues no otra cosa viene a decir en su articulado cuando se afirma que el derecho al uso privativo, sea o no consuntivo, del dominio público hidráulico se adquiere [ ...] mediante contrato de ce sión de derechos de uso del agua"'. Cuando se habla del derecho no consuntivo lo que se cede -afirma Martín Barajas- no es el uso, sino el caudal que legítimamente le corresponde. Eso significa, en su opinión, que el Estado regalará a las compañías hidroeléctricas las mejores aguas, las de cabecera de los ríos, para que comercien con ellas. "Política mente eso es muy grave; es como si el Estado regalara las acciones de la privatización de Telefónica. ¿Quién es el gran beneficiario?; los regantes no, sino los propietarios de las depuradoras, las grandes compañías y los dueños de los saltos hidráulicos". Martín Barajas destaca la repercusión de este giro político sobre los recursos hídricos en el medio ambiente. "Un tema tan relevante de interés social y ambiental no se puede dejar al libre albedrío. En un mercado del agua no hay sitio para el caudal ecológico; es como tirar billetes al río. Se carga de por vida el caudal ecológico".

Sin caudal ecológico

Desde su valoración medioambiental transferir la gestión de los acuíferos a sus propios usuarios, conduce "al agotamiento de la mayoría de los acuíferos del país. Los usuarios piensan siempre a corto plazo, como si fuera una mina. Tirarán de los acuíferos hasta que se agoten. Esa gestión debe estar regulada por la Administración. Parece mentira que no conozcan los mecanismos del mundo rural", precisa Martín Barajas.Con todo, para el portavoz de la CODA lo grave es el régimen abierto de reutilización de las aguas residuales y la legalización de facto de todos los vertidos iegales al hacer extensido el canon de vertido a los no autorizados. "Quien asuma la depuración de las aguas residuales se convertirá en su propietario. Para el año 2005 nos encontraremos con un 30% de las aguas en manos privadas. ¡Olvídense de los caudales ecológicos!. Sólo se mantendrán en las cabeceras de los ríos".

Sin ir más lejos, el Ayuntamiento de Madrid podría cobrar a los regantes de aguas abajo del Jarama por los 530 hectómetros cúbicos anuales que depura. Otro tanto podrá hacer el área metropolitana de Barcelona con los 479 hectómetros que depurará próximamente.