Escuchar a las partes
Mantener una actitud distanciada ante la noticia, identificar las fuentes opinantes sin confundirse con ellas y escuchar a las partes siempre que la realidad noticiosa sea conflictiva constituyen algunas de la reglas básicas que distinguen un quehacer periodístico serio y riguroso del que no lo es. Juan A. Tejada Cazorla y otros 20 lectores, vecinos todos ellos de la urbanización Los Altos de la Valdavia II, de Alcobendas (Madrid), dudan de que tales reglas se hayan respetado en el artículo titulado 'El auge de los servicios posventa. Las inmobiliarias incrementan los servicios para atraer más clientes', publicado en el suplemento El País Negocios bajo la firma C. R. de P,Estos lectores, que viven en pisos comprados a la inmobiliaria Vallehermoso, SA, una de las citadas en el artículo cuestionado, enumeran al Defensor del Lector toda una serie de hechos relacionados con sus viviendas que, a su entender, cuestionan lo relatado en dicho artículo. "¿Cómo se puede decir , el cliente es el rey", preguntan, "después de habernos tratado con una tremenda desconsideración, por acción pero, sobre todo, por omisión, es decir, no haciendo caso de nuestras reclamaciones, dándonos largas e incluso negándonos toda explicación a graves problemas que nos impiden hacer uso de parte de nuestras propiedades?".
El Defensor del Lector no entra -no es ésa su tarea ni tampoco se lo piden- en el conflicto que estos lectores mantienen con la inmobiliaria que les ha vendido sus viviendas. Pero comparte sus observaciones sobre las evidentes deficiencias que revela la información: asunción por parte, del periodista del discurso de la inmobiliaria y ausencia de un, mínimo contraste -diligencia obligada en una información relativa a servicios posventa- con los usuarios de tales servicios, lo que da una indeseada apariencia de publicidad encubierta a la información en cuestión. "Aunque creemos que EL PAÍS ha hecho un serio esfuerzo por hacer un periodismo de calidad, también creemos que le queda mucho camino por recorrer y que no puede dormirse en la autocomplacencia", advierten estos lectores. Precisamente para que ello no ocurra, EL PAÍS se ha dotado de ciertos instrumentos, entre ellos el Defensor del Lector, dando la posibilidad a sus lectores, como han hecho estos vecinos de la urbanización Los Altos de la Valdavia II, de contribuir a que este nivel informativo de calidad no decaiga.
Pedro Cases, responsable del suplemento Negocios, ha explicado al Defensor del Lector que la finalidad del reportaje cuestionado no podía ser mejor: poner en conocimiento del público la existencia, poco generalizada, en el sector inmobiliario de un servicio de atención posventa a los clientes. "Creemos", dice, "que difundir este tipo de elementos. diferenciadores en la política de las empresas debe contribuir a extender un servicio que, en definitiva, redunda en beneficio de los compradores". Pero el resultado no ha sido afortunado: una información parcial en la que el periodista parece asumir' además, el discurso de una de las partes (vendedores) sin dar a la otra (compradores y clientes) la más mínima opción de exponer sus puntos de vista. La vulneración de concretas normas del Libro de estilo es patente.
También era obligado haber escuchado a algún representante del Colegio de Farmacéuticos de Valencia en relación con la información titulada El colegio farmacéutico de Valencia se queda sin junta tras anularse las elecciones, publicado el 20 de febrero en la edición de El PMS de la Comunidad Valenciana, y de la que es autora Claudia Navarro. El presidente de dicho colegio, Salvador Ibáñez, solicita el amparo del Defensor del Lector y, aunque en su carta se acoge al mismo tiempo al derecho de réplica (ciertamente debe referirse al derecho de rectificación previsto en la ley orgánica de 26 de marzo de 1984) y afirma no renunciar "a las acciones legales que se siguen", no hay ningún inconveniente en otorgárselo.
La información cuestionada se basa fundamentalmente en una resolución del Consejo General de Colegios Farmacéuticos que anula la convocatoria de elecciones para la renovación parcial de la junta de gobierno del colegio farmacéutico valenciano, al admitir el recurso interpuesto por una de las candidaturas excluidas. Es decir, la información reproduce la respuesta dada -desde criterios de legalidad y por el organismo competente- al conflicto abierto en el seno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia con motivo de la renovación estatutaria de su junta de gobierno. En ese sentido, hay que decir que la información es objetiva, veraz e incluso completa en lo esencial. Pero al dar opción a la parte ganadora del recurso a opinar sobre la citada resolución, lo informativamente procedente hubiera sido dársela también a la parte perdedora y escuchar sus puntos de vista. La autora de la información alega que el presidente del colegio valenciano "se encontraba, al parecer, fuera de la ciudad". Pero siempre se podría haber contactado con algún otro miembro de la junta de gobierno de dicho colegio. A no ser que se encontraran también fuera de la ciudad o no estuvieran autorizados a hablar.
Farandulero y demócrata
José María Durán, de Jaraiz de la Vera (Cáceres), considera una falta de objetividad tildar de farandulero" al destituido presidente de Ecuador Abdalá Bucaram (crónica del enviado especial de EL PAÍS a Quito, Juan Jesús Aznárez, del pasado día 11 de febrero). "Quisiera saber con qué derecho el periodista califica así a un presidente elegido democráticamente", pregunta. Aznárez responde que no ha faltado a la objetividad al llamar "farandulero" a quien, como es público y notorio, graba discos, canta y baila, es decir, tiene como afición lo que el Diccionario de la lengua española de la Real Academia describe como propio del término "farándula".El caso de Bucaram demuestra que el origen democrático de un cargo no es incompatible con las aficiones más nobles -tampoco, a veces, con las más innobles- de quien lo desempeña. Distinto sería calificar de "farandulero" a Clinton porque ocasionalmente ha bailado Macarena o a Aznar y González porque atiendan más a la mercadotecnia que al discurso político en las campañas electorales, como pretende argumentar el lector. En estos casos, el término "farandulero" tendría un obvio sentido peyorativo, el que señala el Diccionario de la lengua española en la segunda acepción del término: "Hablador, trapacero, que tira a engañar". Esta segunda acepción sí sería inadmisible incluso en una crónica y debería estar muy bien argumentada en un artículo de opinión.Los lectores pueden escribir al Defensor del Lector o telefonearle al número (91) 337 78 36.
