El Partido Popular admite ahora el sistema de descodificación de Canal Satélite

El Partido Popular ha dado marcha atrás y ha renunciado a imponer el sistema de compatibilidad entre plataformas digitales que la formación gubernamental proponía hasta la mañana de ayer. Al discutirse en el Congreso el proyecto de ley de televisión digital, el PP renunció a su texto, que daba prioridad al llamado sistema Múlticrypt -por el que apostaba Telefónica- e introdujo uno transaccional, que fue aprobado, en el que se acepta prioritariamente el sistema de compatibilidad empleado por Canal Satélite Digital (Sogecable y Antena 3). Se trata del sistema llamado Simulcrypt.

Hasta el mismo momento de inicio del debate en el Congreso, el PP mantenía como prioridad el desarrollo del sistema de acceso deseado por Telefónica, a pesar de que aún no está comercializado en ninguna parte, según reconoció en los pasillos la ponente popular de la ley, Ana Mato.En una sesión parlamentaria plagada de confusión -que se interrumpió un par de horas para negociar transacciones y posibles cambios sobre simples notas manuscritas-, el cambio de criterio del PP, plasmado en la enmienda transaccional, quedó acompañado de ciertas reservas: la adopción del sistema Simulcrypt requerirá un acuerdo firmado entre operadores y ese procedimiento deberá ser compatible "sin necesidad de ningún tipo de adaptación". En caso de que no se alcance el acuerdo, podrán utilizarse otros sistemas basados en el Multicrypt.Aunque esta reforma parece dar la razón a Canal Satélite Digital, el alcance de la misma fue objeto de discusiones en los pasillos horas después de ser aprobada. El diputado socialista Alfredo Pérez Rubalcaba afirmaba que su grupo tenía razón cuando, en el debate celebrado recientemente con el ministro Arias Salgado, le había desafiado a que dijera dónde había un sistema como el que el Gobierno se empeñaba en defender. Pero la diputada popular, Ana Mato, insistía en que lo aprobado ayer no implica un visto bueno al descodificador de Canal Satélite.

En el debate, PP e IU reeditaron la fórmula de la pinza y votaron juntos a favor una enmienda de IU que prohibirá a empresas y particulares ser titulares de más de un 25% del capital de una sociedad prestadora de servicios de televisión digital, como ya sucede en la Ley de Televisión Privada. Esa limitación se mantendrá "hasta tanto no se pruebe por el Gobierno, previo informe vinculante de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, una situación efectiva de competencia". Votaron en contra de este punto los socios del Gobierno, CiU y Coalición Canaria, con lo que por primera vez se rompió el frente de apoyo gubemamental.

Votación perdida

El PP perdió además una de las votaciones (la referida a los plazos de adaptación de los operadores a la nueva norma), en la que el PSOE -promotor de una enmienda para ampliarlos- y CiU votaron al alimón. PP e IU intercambiaron fuertes acusaciones con el portavoz socialista, Genaro García Arreciado, que calificó el proyecto de "desbarajuste hecho a martillazos".La ampliación de los plazos de adaptación a la ley fue aprobada por PSOE y CiU; votaron en contra PP y Coalición Canaria; e IU se abstuvo. A reserva de hipotéticas modificaciones en el Senado, las empresas dispondrán de un ano para cambiar los descodificadores ya instalados por otros adaptados a la ley y nueve meses para modificar los no instalados.

Estos no fueron las únicos cambios introducidos:

Reserva del 40% de la red: El PP aceptó parcialmente una propuesta de IU para que los operadores de TV digital garanticen al menos el 40% de la capacidad de transmisión de la que dispongan a los programadores independientes.1

Precios. Las tarifas por el empleo de los descodificadores serán fijadas libremente por las partes y deberán "orientarse a costes" (inicialmente el PP sólo aceptaba que el precio fuera el de coste). En caso de desacuerdo, los precios los fijará la Comisión de Telecomunicaciones.

Competencias de la Comisión. En contra de la pretensión inicial, el PP acepta que las tarifas de empleo de los descodificadores por los programadores los fije la Comisión de Telecomunicaciones y no directamente el Gobierno.

Registro. La obligación de registro de operadores en la Comisión de Telecomunicaciones por las empresas quedó muy confusa. El PP defendió que se trata de un simple trámite "de clarativo", pero enfatizó la obligación de "constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en las normas reglamentarias que resulten de aplicación", misión atribuida a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

Indemnizaciones. El PP acepta que en lugar del duplo del monto del perjuicio causado al usuario, la indemnización por parte de la empresa que eventualmente interrumpa o no pueda proporcionar el servicio de televisión digital sea igual al perjuicio causado.

Lo aprobado ayer en la Comisión de Infraestructuras del Congreso -que actuaba con competencia legislativa previa- pasa ahora al Senado.