Solo por pisar el suelo

ESPAÑA, UNO de los países donde se fabrican y desde el que se exportan muchas minas antipersonales, ha de contribuir de manera decisiva a prohibir este tipo de arma especialmente cruel. La proposición no de ley aprobada de modo unánime ayer en el Congreso -en una de las ocasiones en las que el clamor de la sociedad civil ha contagiado a la política- debe transformarse con extrema urgencia en un texto de contenido obligatorio, con medidas estrictas de control sobre la fabricación y venta de estas armas estremecedoras. Sólo si los Estados responden activamente se llegará a la prohibición radical de esta forma implacable de guerra. La comunidad internacional no se ha aplicado mucho en esta interdicción, como demuestra que el acuerdo suscrito el pasado año por 55 países, tras arduas negociaciones, haya resultado fallido.Si las minas antipersonales son tan crueles es porque, pensadas para estallar cuando las pisa un combatiente, también explotan al paso de cualquier civil, adulto o niño (hay minas en forma de mariposa que atraen de modo especial a estos últimos, en un rasgo más de depravación de sus inventores), incluso mucho tiempo después de haber sido depositadas. Que la ONU pretendiera en la limitación aprobada en 1996 que sólo se autorizaran minas detectables y que, además, estallaran por sí solas entre uno y cuatro meses después de activadas -e incluso no todas- no era una solución, sino una cataplasma. Lo único coherente es prohibir su "fábricación, almacenamiento, comercialización y, exportación", como acordaron ayer los diputados, y de la forma más global posible.

El anterior Gobierno, en uno de sus últimos actos, aprobó hace ahora casi un ano una moratoria indefinida a la exportación de minas antipersonales, aunque esa limitación se ceñía a las minas no detectables y no autodestructivas. Las tragedias que a diario causan las minas no se suprimen con la simple prohibición de estas armas que no entienden de tratados de paz y sobreviven a las guerras, ya que hay 110 millones de artefactos depositados en zonas de antiguos conflictos, desde las islas Malvinas a El Salvador, o Afganistán y Camboya. Son armas baratas (en tomo a 1.000 pesetas cada unidad) y fáciles de comprar, pero muy caras de localizar o de desactivar (entre 30.000 y 120.000 pesetas para cada una), con un riesgo considerable. Por ello, toda propuesta de prohibición debe ir acompañada de un esfuerzo para su desactivación. De forma qué no haya más muertos ni más lisiados inocentes por estas terribles armas que de forma consciente, no carga el diablo, sino el hombre.