Fracasa el plan de Mandela para abrir el diálogo entre Gobierno y rebeldes zaireños

Todo el peso político y el prestigio del presidente surafricano, Nelson Mandela, no han servido de momento para lograr que se sienten a negociar a la misma mesa de Ciudad del Cabo representantes del Gobierno zaireño y de los rebeldes banyamulenges (tutsis zaireños) de Laurent Kabilia. La rebelión controla una franja de más de 1.000 kilómetros en las provincias orientales de Zaire.

Mientras el presidente de Zaire, Mobutu Sese Seko, regresaba el viernes a su residencia en la Costa Azul francesa, Kabila anunciaba desde Bukavu, capital de la provincia zaireña de Kivu Sur, que controla desde noviembre pasado, que su objetivo principal es acabar con el régimen de Mobutu después de 31 años de "gobierno impuesto al pueblo, no elegido".

Sobre el terreno, al menos 25.000 refugiados ruandeses huyeron ayer del campo de Kalima, el segundo campamento en importancia del este del Zaire después del de Tingi Tingi, 100 kilómetros al sureste de Kisangani, capital de la provincia del Alto Zaire, donde se hacinan cerca de 200.000 refugiados. Fuentes humanitarias aseguraron ayer: "Parece increíble. No queda absolutamente nadie [en Kalima], como si el campamento jamás hubiera. existido".

Al otro lado de la frontera, en Ruanda, fuentes civiles aseguraron ayer que hombres armados no identificados asesinaron a 21 personas. Según estas fuentes, vecinos de los fallecidos, en una colina cerca de Kibungo, 100 kilómetros al este de Kigali, la capital, que no quisieron identificarse, escucharon en la medianoche del jueves gritos y disparos. A la mañana siguiente encontraron a 111 personas muertas en una casa y a 10 en otra. Todos los muertos eran hutus, miembros de la etnia mayoritaria de Ruanda.

El Ejército ruandés, por su parte, rechazó ayer un informe publicado el jueves por Amnistía Internacional en el que la organización (le defensa de los derechos humanos calculaba en "varios centenares" la cifra de personas asesinadas por el Ejército Patriótico Ruandés en lo que va de año, al tiempo que denunció el "aumento de ejecuciones ilegales". Amnistía reclamó al Gobierno ruandés que controle al ERP, dominado por la minoría tutsi y vencedor de la guerra civil de 1994.