Ayuntamientos y PP pinchan el 'globo sonda' del Gobierno sobre las cesiones de suelo a municipios

La nueva reforma del mercado del suelo y la supresión de la obligación de los promotores de ceder el 10% del terreno a los ayuntamientos, que apareció ayer como un nuevo globo sonda del Gobierno, provocó una cadena de durísimas reacciones. Dirigentes del PP, municipios, la oposición en pleno, organizaciones sindicales y asociaciones de vecinos rechazaron la propuesta que, además, acabó negando el Gobierno. Los sindicatos y la izquierda compararon la idea con "las prácticas urbanísticas del franquismo". Sólo los promotores inmobiliarios la aplaudieron.

Rita Barberá, del PP, alcaldesa de Valencia y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), desmintió que las nuevas medidas para regular el mercado del suelo que prepara el Gobierno incluyan la supresión de la cesión obligatoria a los ayuntamientos del 10% de la superficie edificable, informa Federico Simón. También negó que se vaya a suprimir o aumentar el límite de edificabilidad, ahora en 75 viviendas por hectárea.Tras mantener una conversación telefónica con el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, la alcaldesa valenciana aclaró: "Se va a llevar un nuevo paquete de medidas sobre el suelo al Consejo de Ministros del viernes, pero no se contemplan esos dos capítulos". Barberá aseguró que cualquier medida que el Ejecutivo de José María Aznar aplique al respecto la acordará con la FEMP. Esta organización ya puso el grito en el cielo cuando, en el paquete de medidas urgentes del pasado junio, se redujo del 15% al 10% la cesión obligatoria.

Barberá no fue la única voz crítica con la propuesta dentro del PP. La responsable de Política Municipal de este partido, Mercedes de la Merced, dijo, también después de hablar con Rato, que el Gobierno no suprimirá la cesión de suelo.

La línea caliente entre Rato y destacados miembros del PP explica el cambio de posición de Economía a lo largo de la mañana de ayer. A primera hora, un portavoz oficial confirmaba la información que aparecía en dos diarios (ABC y El Mundo) sobre esta cuestión y sobre un segundo paquete de medidas liberalizadoras y explicaba que el ministerio se lo había confirmado la tarde anterior a los citados diarios "tras recibir dos llamadas telefónicas" de los mismos.

Por la tarde, el ministerio negaba que el Gobierno estuviese preparando la supresión de la cesión obligatoria de terreno a los ayuntamientos y argumentaba que se habían producido "malas interpretaciones" en la información. De los dos periódicos, sólo El Mundo informaba de la supresión del 10% de cesión obligatoria. Más tarde, Economía precisó que esta información no había partido de este ministerio, sino de otros.

En cualquier caso, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del Gobierno analizará hoy un programa de medidas "liberalizadoras y de impulso a la actividad económica" ' que afectará, al suelo, las telecomunicaciones, el sector financiero y al Tribunal de Defensa de la Competencia. Este programa se concretará luego en normas legales, aunque no es probable que alguna de ellas se apruebe en el Consejo de Ministros del viernes.

Las críticas de los restantes grupos políticos fueron bastante sonoras, en especial las procedentes del PSOE e Izquierda Unida. Cristina Narbona, responsable socialista del área de Vivienda, considera que los proyectos del PP "muestran un avance galopante e imparable de franquismo" y que "son una salvajada para el futuro del mercado del suelo".

Narbona, que fue secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda con el anterior Gobierno, alertó de que si se aprueban estas medidas se puede poner el peligro el futuro de la vivienda protegida. Y aseguró que no provocarán un abaratamiento del precio de la vivienda, "a no ser que un generoso empresario decida no, quedarse con sus beneficios".

Julián Fernández, diputado de IU, estimó que "el Gobierno actúa con una absoluta irresponsabilidad al modificar o anunciar tantas modificaciones sobre un mismo asunto en tan poco espacio de tiempo". IU argumenta que la desaparición de la cesión del 10% llevaría a los municipios a la bancarrota.

Oposición del PNV

El PNV, uno de los apoyos parlamentarios del PP, tampoco comparte la propuesta. "Siempre hemos defendido que los ayuntamientos tengan terreno disponible", aseguró la diputada Margarita Uría. Este partido ya mostró alguna reticencia a la hora de apoyar el real decreto de julio y cuando se debatió en comisión optó por no presentarse a la votación para evitar comprometerse, aunque no impidió que se aprobara.A la ola de protestas también se sumaron los sindicatos y la Confederación de Asociaciones de Vecinos del Estado Español (CAVE). El secretario general de CC OO, Antonio Gutiérrez, dijo que esas medidas van a provocar "un desorden urbanístico como el de los años sesenta, con un crecimiento de las ciudades gobernado por las inmobiliarias y con un déficit de servicios sociales".La rama de construcción de UGT hizo público un comunicado en el que afirma que "las nuevas medidas [ ...] suponen regresar a los desastres urbanísticos del franquismo". Las asociaciones de vecinos consideran que la propuesta del Gobierno es "vergonzosa" y "una barbarie".

El único apoyo a la supresión de las cesiones de suelo llegó de la patronal de promotores inmobiliarios. Su gerente, Manuel Martí, resaltó que la obligación de ceder terreno a los ayuntamientos sólo ha sido utilizada por éstos "como vía de financiación y no para los fines que detalla la ley".