Las medidas de junio

El Gobierno adoptó el pasado mes de junio, a las pocas semanas de tomar posesión, un primer paquete de medidas liberalizadoras de la economía. La principal y la más polémica consistió en un nuevo tratamiento fiscal de las plusvalías.Se cambió el sistema anterior, que gravaba la plusvalía en proporción inversa al número de años transcurridos entre la compra y la venta del bien, por un tipo fijo del 20% pasados dos años. Las primeras 200.000 pesetas de plusvalía se declararon exentas, con la excepción de las obtenidas en fondos de inversión.

También de fuerte calado fue la actualización de balances para las empresas, con efectos en la declaración a presentar a mediados de este año sobre los beneficios, de 1996. Las empresas pueden reflejar en sus balances un valor actualizado de sus activos, pueden dedicar mayores recursos a su amortización y declarar así menos beneficios. La actualización conlleva el pago a Hacienda del 3% sobre los activos revalorizados.

También se aprobó la elevación al 15% del porcentaje sobre los rendimientos que los pequeños empresarios se pueden deducir cuando declaran el impuesto sobre la renta por el sistema de módulos. Igualmente, se estableció una bonificación del 95% en el impuesto de sucesiones para la trasmisión de empresas de padres a hijos.

Las medidas fiscales fueron acompañadas de otras en vanos sectores de la economía. Por ejemplo, las relativas al suelo y vivienda (reducción del 15% al 10% del terreno urbanizable que debe cederse a los ayuntamientos) y a los colegios profesionales (colegiación única y supresión de honorarios mínimos), que hoy se aprueban en el Congreso. Otras afectaron a las telecomunicaciones (eliminación del monopolio del seryicio telefónico básico) y energía (liberalización del precio del gasóleo).