Exceso de presidentes

ECUADOR AMANECIÓ ayer con tres presidentes. Son demasiados para tan poco Estado. La clase política ecuatoriana tiene ante sí el desafío de sacar al país del tremendo lío en el que lo han metido. Y al más bajo coste social posible, pues los ciudadanos llevan padeciendo desde hace mucho. La salida más razonable, aunque no por ello más probable, puede ser la convocatoría urgente de nuevas elecciones presidenciales que salvaguarden la precaria legitimidad democrática.Abdulá Bucaram, a quien gusta su apodo de El Loco, ganó las elecciones con un 54% de los votos y asumió la presidencia de Ecuador en agosto pasado. A su empuje populista ha unido muchas notas de extravagancia y de falta de cordura de las que él mismo se pavoneaba. Sin duda, este estado de ánimo le llevó a forzar medidas económicas brutales sin consideración hacia una población y una economía castigadas por las consecuencias del último rebrote, hace dos años, de la guerra con Perú. Bucaram multiplicó por tres el precio de la electricidad y por diez el del teléfono, entre otras medidas que han provocado una huelga general que el propio Bucaram respaldó en una insólita declaración pública.

Puede que Bucaram padezca "deficiencia mental". Pero, sobre todo, ha practicado el nepotismo y la arbitrariedad desde el poder y ha buscado una impopular paz -por sus términos- con Perú. El Parlamento lo ha depuesto de un plumazo, por mayoría simple, y ha nombrado presidente interino a Fabián Alarcón, un hábil político, con un partido radical de estrecha base popular. Bucaram ha respondido declarando el estado de emergencia y suspendiendo las garantías constitucionales. Más allá de otros precedentes en Ecuador y de los interrogantes sobre el respeto a una Constitución que cada parte interpreta a su modo, el mal está hecho y reforzado por la negativa de Bucaram a abandonar el poder y por la reclamación de la presidencia que hace para sí misma la vicepresidenta, Rosalía Arteaga. El Ejército no ha querido tomar parte en esta disputa, aunque el general Paco Montayo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, considerara "justas" en enero las protestas populares contra el Gobierno. ¿Durante cuánto tiempo van a poder, o van a querer los militares, mantenerse formalmente al margen?

En un país invertebrado cuyo Estado quedó maltrecho por las guerras, el narcotráfico y la corrupción, la clase política tiene la obligación de consensuar una salida indolora: si no es el apoyo a uno de los tres que reclaman para sí la legitimidad de la presidencia, al menos la convocatoria urgente de nuevas elecciones.