Cascos, protector

EL INTERMINABLE caso Cañellas, un cúmulo de escándalos por corrupción en Baleares que incumbe al PP, no es la traducción de una crisis doméstica y aislada, sino más bien la prueba de los efectos de una forma abusiva de ejercer el poder. El PP, con su secretario general, Álvarez Cascos, al frente, acaba de demostrar el doble rasero con que aplica su discurso de regeneración de la vida pública. La Fiscalía Anticorrupción quiere sentar en el banquillo de los acusados, por prevaricación y cohecho, a Gabriel Cañellas, el político del PP que más tiempo ha gobernado; mientras, Álvarez Cascos y su partido en bloque han extendido su manto protector sobre el ex presidente de Baleares y del PP regional para que siga controlando la política insular.Sostiene Álvarez Cascos que Cañellas ya dimitió como presidente y con ello asumió la responsabilidad política que le exigía su partido; por ello, no debe abandonar el escaño ni dejar de presidir el grupo de diputados, pese a la grave acusación que el fiscal ha formulado contra él en uno de los tres casos de presunta corrupción en los que ha sido imputado. Cañellas, autor de la teoría de que el pueblo otorga con su voto un salvoconducto de honradez a los políticos, ha insistido ahora en que no puede dimitir, porque fue elegido cuando ya se sabían las acusaciones de corrupción.

Las penas solicitadas para Cañellas suponen una advertencia sobre la magnitud de las anomalías delictivas descubiertas: un año de cárcel, 18 de inhabilitación, 100 millones de multa, la devolución de los 50 millones cobrados en comisiones y una fianza de otros 200 millones. La acusación describe la arquitectura de lo que es la corrupción institucional: amañar la adjudicación de una obra pública de peaje -un túnel- a un amigo y socio personal, eliminar a los competidores, cobrar por el favor y destinar fondos a financiar el partido y a sus intereses privados.

Cañellas, hombre fuerte del PP y ejemplo que Aznar usó reiteradamente desde la oposición para ejemplarizar cómo gobernarían España, configura una anomalía censurable: mezcló amigos, familia y negocios privados con los intereses públicos, hasta convertir a su comunidad en una especie de gran sociedad anónima y clientelar. El PP nacional sabía que su líder balear había adjudicado obras oficiales a empresas a su nombre, subvencionado fincas de su esposa, modificado leyes proteccionistas del Parlamento para permitir en espacios naturales -Ses Salines de Ibiza y Formentera- urbanizaciones en las que su familia tenía intereses y despilfarrado 425 millones de fondos oficiales en una inversión que favorecía al alcalde de Palma, también del PP.

Desde los despachos oficiales, Cañellas dibujó su faz neocaciquil. Se alió como empresario con los grandes constructores de las islas y creó una fundación privada que recauda grandes dádivas entre financieros y contratistas de su Gobierno. También se permitió afrentas al Poder Judicial. Pretendió colocar a su hermano José como juez del Tribunal Superior -el que va a juzgarle- y presidió homenajes públicos a condenados por el Supremo a los que luego dio cargos y asesorías.

José María Aznar ha ordenado la protección de su hombre en la región, pese a que el PP balear y Cañellas tienen aún otro grave caso judicial pendiente por corrupción política: haber dirigido y comprado el silencio de los delincuentes del caso Calviá, el intento de soborno de un concejal socialista para arrebatar al PSOE su alcaldía más importante en Baleares, Calviá. Este caso ya ha sido fallado en firme por el Supremo con la condena de dos militantes del PP.

La autoridad moral, la ética democrática, la simple coherencia del partido en el Gobierno están aquí también en cuestión de forma palmaria. Cañellas no es una sombra del pasado. Su larga mano y el conocimiento de la pequeña historia interna del partido parece que son temidos. La continuidad de su activismo es un castigo para los ciudadanos de Baleares, porque desvía la atención de los graves problemas locales e impide la estabilidad institucional. Ya derrocó a su sucesor en la presidencia del Gobierno y designó a su sustituto, otra demostración de una concepción del poder que estaría haciendo suya el partido que se la consiente.