Ruiz-Gallardón envía los expedientes de los contratos del 'caso Ferrer' al Tribunal de Cuentas

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Alberto Ruiz-Gallardón, remitó ayer al Tribunal de Cuentas los expedientes de cuatro contratos adjudicados por el anterior Ejecutivo del socialista Joaquín Leguina al grupo Ferrer por valor de 15 millones de pesetas. Leguina, mientras, se quejó de indefensión al no tener acceso a los archivos de la Comunidad de Madrid e insistió, contra lo difundido hasta ahora, que esos estudios se realizaron.

Un informe de la Intervención General de la Comunidad de Madrid encargado por la Consejería de Hacienda mantiene que no se encuentran en la Administración autonómica varios estudios pagados a empresas relacionadas con Eulalio Ferrer durante el mandato de Leguina. Este informe, remitido ahora al Tribunal de Cuentas, también destaca irregularidades como la existencia de dos facturas de pagos con idéntica numeración y distinta fecha, o el pago de otra cuyo visto bueno se produce dos meses y medio después.El asesoramiento de la empresa Santa Fé (del grupo Ferrer) al Instituto Madrileño de Formación Profesional le costó a la Comunidad seis millones de pesetas y es en este asunto en el que se han descubierto dos facturas con idéntica numeración y distinta fecha. Por último, la interventora apunta que las tres ofertas pedidas para adjudicar estos contratos pertenecían al mismo grupo empresarial.

El grupo Ferrer facturó contra la Comunidad de Madrid por cuatro contratos realizados para la elaboración de informes. Ahora, la Comunidad asegura que tales informes no han sido encontrados, pese a que Leguina tardó sólo unas horas en hallar, por ejemplo, el estudio sobre transporte, algunas de cuyas páginas reprodujo este periódico el martes.

Fuentes socialistas aseguran que el director que encargó tal trabajo se ha ofrecido al Consorcio de Transportes para localizar el texto, pero el gerente del organismo, nombrado por el PP, se niega a recibirle.

El consejero madrileño de Hacienda, Antonio Beteta, mantiene que decidió por su cuenta abrir una investigación sobre estas adjudicaciones antes de que apareciera en el periódico El Mundo una información denunciando que se había pagado a Ferrer Europa 15 millones por estudios inexistentes.

Según Beteta, ese tipo de investigaciones es habitual en su departamento. Leguina sostiene que Beteta abrió la investigación a instancias del periódico El Mundo. El ex presidente de la Comunidad de Madrid considera que "conchabarse con un periódico para hacer oposición a la oposición es democráticamente más que criticable".

Tras una semana de pesquisas, en las que el Gobierno regional evitó llamar a los antiguos gestores del PSOE para preguntarles sobre la existencia de los documentos, la interventora general de la Comunidad ha concluido que en todos los expedientes existían anomalías de consideración, si bien lo más destacable sigue siendo que no encuentra los diferentes informes por los que el Gobierno regional madrileño pagó a Ferrer Europa.

Por su parte, Eulalio Ferrer, fundador del grupo Ferrer Europa, ha remitido una carta a El Mundo, que este diario publica hoy, en la que resume lo que califica de falsedades difundidas al respecto en ese diario. Es falso, dice, que diera asesoría de imagen a Leguina; que no se realizaran los estudios contratados; que se facturaran trabajos contra la voluntad de alguien; que el presidente de PRISA o ese grupo empresarial, así como el grupo Timón, tuvieran nada que ver con las actividades de Ferrer Europa, o que se entregaran maletines "repletos de dinero".